El Gobierno identificó fallas en los sistemas de control, diferencias de precios y posibles redes de desvío de combustible como parte de los problemas que serán investigados durante la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El ministro de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, explicó que uno de los principales problemas detectados está relacionado con la desvinculación de los sistemas de información de la ANH, lo que impedía conocer con precisión el destino final del combustible que era enviado a los surtidores.
Según Justiniano, YPFB podía recibir el pago de un gran consumidor y enviar el combustible, pero la ANH no tenía información suficiente para verificar qué ocurría posteriormente con ese producto.
«Se llegó a tal nivel de vulnerabilidad de los sistemas, de que solamente bastaba con que un gran consumidor o un compra directa pagaba a YPFB y YPFB enviaba el combustible (…) ¿Cuál es el problema? Es la ANH la que controla cuánto es lo que sale de la bomba del surtidor, es la ANH la que tiene ese sistema de control. Lo interesante es que esto ya era algo que se venía trabajando, pero con una incapacidad real por la gente que estaba acá en la ANH, es de que estos sistemas no estaban vinculados. En un momento los desvincularon los sistemas, por lo tanto, si a un surtidor le mandaban 90.000 litros, la ANH no sabía directamente si habían entregado los 90.000 litros, si lo había dispensado, si se le había puesto un camión a una flota o lo había entregado a un productor», explicó.
El ministro señaló que esta falta de conexión entre los sistemas habría generado una de las principales vulnerabilidades en el control de la comercialización de carburantes.
A esto se suma, según Justiniano, la existencia de un doble precio para los combustibles, situación que genera un margen atractivo para el mercado ilegal y favorece el acaparamiento y desvío.
Que el combustible llegue a quienes lo necesitan
Respecto al reclamo de los pequeños productores por el volumen de combustible que recibirán, Justiniano sostuvo que el problema central no es si el cupo es de 2.500, 5.000 o 100.000 litros, sino garantizar que el carburante efectivamente llegue a quienes lo necesitan.
«Acá se interviene todo para que lo que se reconfigure vaya a que nuestros productores, a la gente,a los camiones, a la flota; que todos tengamos el abastecimiento porque la corrupción, lastimosamente, está siendo cargada en toda la gente que trabaja, produce y beneficiando a muy pocos», señaló.
El ministro recordó, además, que en enero, cuando se aplicó un precio único, el consumo registrado cayó en 40% durante los días siguientes. Para Justiniano, esa reducción evidencia que una parte importante del combustible podía estar siendo destinada al mercado ilegal.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno trabajará en paralelo en el abastecimiento y en mecanismos de control. «La lógica es de que YPFB va a continuar y tiene que continuar para garantizar en conjunto con los nuevos actores el abastecimiento del mercado interno. ¿Qué le interesa al dueño de la flota? ¿Qué le interesa al dueño del micro? ¿Qué le interesa al productor? Que haya el combustible. Por eso, es de que hay que garantizar y a ir trabajando en paralelo y en conjunto», manifestó.
Hay una denuncia cada ocho horas
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló que su despacho recibe una denuncia cada ocho horas, en promedio, contra la ANH o YPFB.
«De todas las áreas que han sido históricamente focos de denuncias de corrupción, lamentablemente el área de hidrocarburos ocupa el primer lugar en instituciones denunciadas. Es en ese sentido, con la finalidad de poder identificar a todas las líneas, tanto ejecutivas como operativas, que en el pasado han montado estas estructuras, es que hemos abierto canales anónimos y digitales para que se puedan seguir presentando denuncias», explicó.
Además, añadió: «Es preciso informar que el promedio de denuncias que venimos recibiendo, tanto en contra de la ANH como en contra de YPFB, es una nueva denuncia cada ocho horas».
El viceministro indicó que existen investigaciones que ya fueron judicializadas y que algunas cuentan con denuncias, imputaciones e incluso acusaciones fiscales. Según la autoridad, la intervención permitirá acceder directamente a esa información para ampliar las investigaciones y establecer responsabilidades, tanto contra funcionarios como exfuncionarios.
Contratos con transportistas también serán fiscalizados
Sobre los contratos suscritos con empresas encargadas del transporte de combustibles, García aclaró que estos son responsabilidad de YPFB y no de la ANH. Sin embargo, remarcó que todo contrato realizado con recursos públicos está sujeto a control y fiscalización.
En paralelo, sostuvo que el Gobierno no se limitará a procesar a los responsables de posibles hechos de corrupción, sino que buscará modificar las estructuras que permiten que estas irregularidades se repitan.
Como ejemplo, señaló que si las denuncias evidencian problemas de trazabilidad en la distribución y comercialización de combustibles, se planteará la implementación de sistemas digitales que permitan conocer de manera transparente cómo se distribuye el carburante en el país.
«También estamos yendo a la raíz y vamos a proponer soluciones estructurales en relación a denuncias reiteradas. Si la denuncia nos muestra que existe una carencia de trazabilidad en la comercialización, en la distribución de los combustibles, pues más allá del procesamiento que es necesario y lo vamos a hacer. También vamos a proponer la implementación de sistemas digitales que puedan permitir que todos los bolivianos sepamos con absoluta transparencia cómo se distribuyen los combustibles», explicó.
La intervención, según las autoridades, apunta así no solo a identificar responsabilidades por el desvío de combustible, sino también a reconstruir los mecanismos de control de la ANH y garantizar el abastecimiento al sector productivo y al mercado interno.
El Deber