El diputado oficialista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas presentó un proyecto de ley para congelar las cuentas y anotar los bienes de los directivos que convoquen a medidas de presión que deriven en daños a bienes del Estado.
Se trata del proyecto de ley 496/2025-2026 de reparación civil por daños a los bienes del Estado y la Red Vial Fundamental (RVF), presentada el 25 de mayo, en medio de las protestas sociales de la Central Obrera Boliviana (COB) que ya llevan 31 días y que mantienen aislado al departamento de La Paz.
Compuesta por nueve artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales, la iniciativa tiene el objetivo de “establecer un régimen jurídico especial para la determinación de la responsabilidad civil objetiva, reparación integral y resarcimiento económico expedito por los daños materiales ocasionados a los bienes del Estado, la infraestructura pública y la Red Vial Fundamental (RVF), derivados de actos vandálicos, bloqueos de carreteras o protestas violentas”.
Propone la aplicación de un régimen de “responsabilidad solidaria en movilizaciones” para aplicar un resarcimiento por daños ocasionados a los bienes del Estado en protestas.
En esa línea, el artículo 7 de la inactiva refiere que “responderán solidariamente con sus patrimonios personales y colectivos” los “autores materiales plenamente identificados” y también los “autores intelectuales, instigadores y miembros de los directorios u órganos de coordinación de las organizaciones que hayan convocado, suscrito resoluciones escritas o ratificado públicamente las medidas de presión que derivaron en los daños materiales a los bienes públicos”.
Como medidas cautelares para lograr el resarcimiento, la norma propone, en su artículo 8, que a sola presentación del Certificado de Cuantificación del Daño, el Juez Civil competente o el Ministerio Público ordene “de manera inmediata, bajo responsabilidad y sin necesidad de fianza” la “anotación preventiva de bienes inmuebles y vehículos en los registros respectivos (Derechos Reales y Organismo Operativo de Tránsito)”.
También la “retención de fondos y congelamiento de cuentas bancarias en el sistema financiero nacional a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)”; y también el “secuestro de bienes muebles o maquinaria utilizables para garantizar el pago del resarcimiento”.
“Estas medidas precautorias mantendrán su vigencia de forma ininterrumpida hasta que se proceda al pago total o a la reparación material equivalente del daño certificado”, agrega el parágrafo segundo del artículo 8 de la propuesta legal.
A la par, la propuesta establece que el cobro del resarcimiento civil se tramitará por la vía del proceso coactivo civil, aplicando los plazos más breves previstos para la estructura monitoria en el Código Procesal Civil, o como efecto civil derivado del delito dentro del proceso penal.
La interposición de recursos ordinarios o extraordinarios no suspenderá la ejecución ni la vigencia de las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes.
Agencias