El Ministerio Público presentó una imputación formal contra Israel Armando Rojas Toledo, excoordinador operativo de la Fiscalía Departamental de La Paz, a quien vincula presuntamente con una organización criminal encabezada por el ex fiscal general Róger Mariaca Montenegro, y que es investigada por supuestamente brindar protección a actividades relacionadas con el narcotráfico. Los investigadores señalan que Rojas habría desempeñado funciones de recaudación de dinero dentro del Ministerio Público y solicitaron su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de Oruro.
La imputación, presentada este miércoles 14 de octubre ante el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer N.º 5 de La Paz, forma parte de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, en la que también figuran Róger Mariaca y otros exfuncionarios.
Según el documento fiscal, Rojas era considerado un funcionario de confianza que mantenía contacto permanente con Mariaca y Martín Irusta, ambos incluidos en las investigaciones sobre una presunta estructura de protección al narcotráfico desde instituciones del Estado.
Los fiscales sostienen que el excoordinador habría actuado como uno de los principales recaudadores de dinero para Mariaca en La Paz, aunque reconocen que esta información proviene inicialmente de publicaciones difundidas en redes sociales y reportes de patrullaje cibernético que deberán ser corroborados mediante las investigaciones.
La imputación revela que Rojas fue aprehendido el martes 13 de octubre, aproximadamente a las 14:30, durante un operativo policial ejecutado en la zona Belén de la ciudad de La Paz.
Posteriormente, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) allanaron su vivienda, donde encontraron documentación relacionada con propiedades inmobiliarias, recibos por un monto de Bs 140.000, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital.
Entre los elementos secuestrados figuran cuatro teléfonos celulares, cuatro memorias USB, documentación patrimonial, tres credenciales del investigado, una memoria de cámara fotográfica y una llave de vehículo.
Los investigadores buscan determinar si los documentos y dispositivos contienen información relacionada con movimientos económicos, presuntos cobros irregulares o comunicaciones entre los integrantes de la organización investigada.
La existencia de recibos por Bs 140.000 no demuestra, por sí sola, que ese dinero provenga de actividades ilícitas, por lo que su origen y destino deberán ser establecidos durante las diligencias. Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la desaparición del dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda del exfuncionario.
De acuerdo con la imputación, antes de ingresar al inmueble, los efectivos policiales observaron a una persona que trasladaba seis bidones azules de aproximadamente 60 litros, aparentemente con combustible, en un vehículo particular.
Durante la intervención, el conductor declaró que había sido contratado para transportar esos objetos y aseguró desconocer su contenido. También manifestó que otra persona había introducido en el vehículo un equipo DVR, utilizado para almacenar imágenes de cámaras de vigilancia.
Según el informe policial, la persona que habría colocado el DVR en el motorizado sería un hombre identificado como personal de confianza de Rojas. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron cámaras de seguridad instaladas, pero no el equipo de grabación.
La Fiscalía pretende analizar el contenido del dispositivo para determinar si registra movimientos o acontecimientos relevantes para la investigación.
La imputación contra Rojas se desprende de una investigación más amplia sobre una supuesta organización criminal que habría operado dentro del Ministerio Público para brindar protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2024 se habría desarrollado una estructura de protección institucional que presuntamente permitió al narcotraficante eludir operativos policiales.
El documento sostiene que Marset habría realizado pagos de hasta $us 500.000 mensuales a cambio de protección de autoridades y funcionarios públicos. La Fiscalía plantea que estos supuestos pagos habrían involucrado a personas vinculadas con distintas instancias estatales, incluido el Ministerio Público.
En ese contexto, los investigadores consideran que Rojas habría tenido un papel dentro de la presunta estructura debido a su cargo de confianza y a sus contactos con otros investigados.
El Deber