El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, permanecerá durante seis meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, después de que la Justicia determinara su detención preventiva por su participación en los bloqueos que cercaron La Paz y El Alto durante siete semanas en mayo y junio.
La decisión judicial fue asumida la tarde de ayer, durante la audiencia de medidas cautelares realizada en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal de La Paz. Salazar fue aprehendido el sábado 4 de julio y trasladado posteriormente a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
“El juzgado de turno claramente ha establecido la existencia de suficientes elementos de convicción en cuanto a la probable comisión de los delitos que el Ministerio Público ha imputado al señor Vicente Salazar Limachi”, informó el fiscal Walter Lora, integrante de la comisión que investiga el caso. El representante del Ministerio Público agregó que la detención preventiva fue dispuesta debido a la existencia de riesgos procesales, entre ellos una eventual fuga del imputado.
El proceso contra Salazar se originó en una denuncia presentada en mayo por el Ministerio de Gobierno, cuando se agravaron los bloqueos que aislaron La Paz, las movilizaciones violentas en la sede de Gobierno y los destrozos causados en infraestructura pública. Las protestas exigían, entre otras demandas, la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Fiscalía imputó al dirigente campesino por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos que pudo cometer durante las protestas que fueron convocadas desde su dirigencia.
El abogado René Salazar, defensor del dirigente, afirmó que la aprehensión de su cliente fue “ilegal”, debido a que supuestamente no fue notificado previamente con una citación y fue detenido de manera directa.
También aseguró que el dirigente presenta problemas de salud. “Está delicado de salud, se le subía la sangre a la cabeza, tenía descompensación y mareos”, declaró el jurista, quien anunció la presentación de una acción de libertad. Sin embargo, el recurso no llegó a prosperar.
El dirigente de la Csutcb Joel Guarachi rechazó el proceso penal y advirtió que las organizaciones campesinas podrían reactivar las movilizaciones, independientemente de la vigencia del estado de excepción. “El pueblo se va a movilizar, va a tomar medidas determinantes, haya o no haya estado de sitio. Hay métodos de lucha que se van a aplicar en cualquier momento”, afirmó Guarachi.
Por su parte, Severo Marca, también dirigente de la Csutcb, aseguró que Salazar “es inocente” y sostuvo que los representantes campesinos actuaron en cumplimiento de las determinaciones de sus bases. “Los dirigentes no tenemos la culpa. Nosotros solamente cumplimos la decisión del pueblo boliviano”, declaró, según reportes de Erbol.
Más dirigentes
La denuncia presentada por el Gobierno también alcanza a otros dirigentes sociales, entre ellos el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), además de David Quispe, Winston Gemio y el senador suplente Nilton Condori.
Estas personas todavía no fueron conducidas ante un juez de medidas cautelares para que se defina su situación jurídica.
El fiscal Lora, sin mencionar nombres, adelantó que el Ministerio Público convocará en los próximos días a otros dirigentes de organizaciones sociales denunciados por los bloqueos y el cerco a La Paz. “De acuerdo con la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, sí se tienen otros nombres que en su momento se van a conocer”.
En el caso de los dirigentes vecinales de El Alto Alberto Quelali y Pablo Merma, ambos fueron aprehendidos por separado durante la última semana de junio. Después de sus respectivas audiencias de medidas cautelares, la Justicia ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis y cinco meses, respectivamente, de acuerdo con reportes de la Fiscalía.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que todo está en manos de la justicia.
El Deber