Un diseñador gráfico de Santa Cruz termina un proyecto para un cliente en California. El pago llega en dólares digitales. Minutos después convierte parte de ese dinero en bolivianos desde el celular y paga el almuerzo escaneando un código QR. A cientos de kilómetros, un importador paga una compra en China sin esperar una transferencia bancaria. Hasta hace pocos años, ambas operaciones habrían parecido improbables. Hoy forman parte de una economía que cambia mucho más rápido de lo que muchos imaginan.
Paradójicamente, mientras conceptos como blockchain, activos digitales o criptodólares ya formaban parte del lenguaje cotidiano en buena parte del planeta, en el país su uso permanecía restringido. Recién a mediados de 2024, el Banco Central levantó esas restricciones y abrió la puerta a un nuevo escenario.
La transformación, sin embargo, había comenzado antes. Durante los últimos cinco años se consolidó en Bolivia una infraestructura de pagos digitales que cambió la manera de mover dinero dentro del país. Según un reporte del banco Central de Bolicia, las operaciones electrónicas pasaron de 390.000 a casi 2,8 millones por día entre 2019 y 2024, mientras los pagos digitales per cápita crecieron de 19 a 141 al año. La interoperabilidad entre entidades financieras convirtió al código QR en un estándar común y aceleró la adopción de los medios de pago digitales.
El cambio regulatorio coincidió con otro fenómeno decisivo: la escasez de dólares. Personas y empresas comenzaron a buscar alternativas para cobrar, pagar proveedores, contratar servicios y proteger el valor de su dinero. La necesidad aceleró un proceso que ya estaba en marcha y dio impulso a un ecosistema donde hoy convergen empresas tecnológicas, desarrolladores y nuevos modelos de negocio.
Las grandes innovaciones rara vez nacen de la abundancia. Con frecuencia aparecen cuando la necesidad obliga a encontrar respuestas diferentes. Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir en Bolivia..
Las nuevas rutas del dinero
Durante años, cuando un padre necesitaba enviar dinero a su hijo, que estudiaba en el exterior, la operación exigía paciencia. Debía acudir a un banco, llenar formularios, proporcionar el código SWIFT de la entidad receptora y esperar. La transferencia podía tardar desde algunas horas hasta varios días, dependiendo del país de destino, los bancos corresponsales involucrados y los controles del sistema financiero internacional.
Ese recorrido también tenía un costo. Además de las comisiones por la transferencia, el proceso incluía gastos asociados a la mensajería internacional entre bancos. El tarifario del Banco Central establece, por ejemplo, un cobro de Bs 330 por cada mensaje SWIFT, al que pueden sumarse otras comisiones y gastos de corresponsalía, según el tipo de operación. Durante décadas, esa fue la infraestructura sobre la que funcionó buena parte de las transferencias internacionales.
Pero la escasez de dólares aceleró una transformación que ya comenzaba a tomar forma. Nuevas aplicaciones y plataformas digitales empezaron a ofrecer alternativas para realizar esas operaciones mediante una infraestructura distinta, con menos intermediarios y procesos más simples.
Para Kublai Gómez, fundador de XHash, buena parte del cambio consiste en comprender cómo funcionaba el sistema tradicional. “SWIFT no mueve dinero; mueve mensajes”, resume. La red no transfiere recursos entre países: comunica instrucciones entre entidades financieras para que la operación pueda completarse. Las nuevas infraestructuras digitales modifican esa lógica y permiten ejecutar muchas transacciones de manera más directa.
Reducir tiempos y eliminar parte de los intermediarios es solo el comienzo. La tecnología rompió parte de la rigidez bancaria y abrió nuevas rutas para mover dinero.
El laboratorio boliviano
Desde que se levantaron las restricciones al uso de activos digitales, Bolivia comenzó a crecer a un ritmo que pocos anticipaban. Los datos de la firma internacional Chainalysis muestran que, entre julio de 2024 y junio de 2025, el país registró transacciones por $us 14.800 millones en activos digitales, incluidas criptomonedas y monedas estables. Solo en el primer semestre de 2025, el volumen negociado creció más de 630% respecto al mismo período del año anterior, una de las mayores tasas de expansión de la región.
Para Carlos Neira, cofundador de Meru, la explicación no está únicamente en la tecnología, sino en la necesidad. La persistente escasez de dólares obligó a miles de personas y empresas a buscar nuevas formas de cobrar, pagar proveedores, contratar servicios o resguardar el valor de su dinero.
Ese proceso convirtió a Bolivia en un caso de estudio para especialistas internacionales. Chainalysis ubica al país en el puesto 46 del Índice Global de Adopción de Criptomonedas, un avance difícil de imaginar apenas dos años atrás.
El Salvador también figura entre los referentes de la región, aunque por un camino distinto. Mientras Bolivia avanzó impulsada por la necesidad del mercado, El Salvador lo hizo mediante una estrategia pública para desarrollar un ecosistema de activos digitales.
Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador, destaca que el conocimiento acumulado permitió a su país hablar el lenguaje de una industria que hoy atrae inversiones internacionales. Las dos experiencias muestran rutas diferentes: en un caso, la necesidad aceleró el cambio; en el otro, una decisión estatal lo condujo.
Pero mover dinero es apenas una parte de la transformación. La misma tecnología empieza a utilizarse para proteger datos, verificar identidades y certificar operaciones sin exponer información sensible. El siguiente reto gira alrededor de la confianza.
El próximo desafío
La velocidad con la que avanza la economía digital plantea una exigencia tan importante como la innovación: construir confianza. A medida que crecen las transacciones, los activos digitales y los nuevos modelos de negocio, también aumenta la necesidad de contar con reglas que protejan a los usuarios, den seguridad jurídica a las empresas y permitan que el ecosistema siga desarrollándose.
Ese es el camino que recorrió Uruguay. Patricia Tudisco, representante del Banco Central de ese país, explica que el proceso comenzó hace cinco años con un análisis conceptual del fenómeno y continuó con proyectos de ley que fueron ajustándose conforme evolucionaba la tecnología.
La regulación también responde a compromisos internacionales. Tudisco recuerda que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las evaluaciones de GAFILAT exigen que los países cuenten con proveedores de servicios de activos virtuales autorizados, mecanismos de supervisión y procedimientos para identificar y rastrear las transacciones. “Lo importante es tener un marco normativo claro y dar certidumbre”, resume la especialista.
Bolivia comienza ahora a recorrer ese camino. La rápida expansión del ecosistema demuestra que existe demanda, talento emprendedor y capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas. El siguiente paso será construir una regulación moderna que proteja a los usuarios sin frenar la innovación, un equilibrio que hoy busca la mayoría de los países que avanzan hacia la economía digital.
Hace apenas dos años, hablar de activos digitales en Bolivia era una conversación reservada para especialistas. Hoy esos instrumentos forman parte de las decisiones de empresas, emprendedores y profesionales que buscan nuevas maneras de hacer negocios. El reto ahora es construir la confianza necesaria para convertir ese crecimiento en una oportunidad de largo plazo.
El Deber