La Unión Europea (UE) ratificó este martes que su Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) solicita información a autoridades bolivianas cuando recibe denuncias de corrupción que pueden comprometer recursos europeos. Así lo explicó el embajador Jaume Segura, tras la reunión de tres eurodiputados con el canciller Héctor Huanca.
“Lo más importante para nosotros es proteger el interés del contribuyente europeo y que no se hayan comprometido fondos europeos cuando hay algún caso de malversación o corrupción local”, afirmó Segura. Precisó que OLAF puede requerir antecedentes al Gobierno, la Fiscalía y otras entidades.
El diplomático explicó el alcance de esos procedimientos. “No es que OLAF esté investigando los proyectos europeos, sino que ha pedido en algún caso información cuando ha habido algunas denuncias en Bolivia”, sostuvo. Aclaró que la oficina procura verificar posibles perjuicios a los contribuyentes europeos.
La pregunta de la prensa hizo referencia al caso del ex ministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz. Sobre ese expediente, Segura reconoció su carácter abierto: “Al ser un caso de una investigación abierta no podemos hacer comentarios”. Añadió que corresponde a las autoridades bolivianas atender los requerimientos que formule el organismo europeo.
El eurodiputado austríaco Reinhold Lopatka, jefe de la delegación visitante, defendió la fiscalización de los recursos. “Siempre es dinero de los contribuyentes el que gastamos y en Europa tenemos que demostrar que no hay despilfarro”, señaló, según la traducción de sus declaraciones en inglés. Dijo que los ciudadanos europeos esperan que se identifiquen eventuales casos de corrupción o utilización indebida de fondos públicos.
La intervención actualiza un antecedente publicado por EL DEBER el 24 de noviembre de 2025. Una carta de OLAF informó que el organismo abrió en diciembre de 2023 una investigación administrativa por posibles irregularidades y fraude relacionados con tres programas financiados por Europa para agua potable y saneamiento.
Los programas mencionados comprenden saneamiento de zonas rurales y gestión del agua urbana; apoyo a servicios de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas; y gestión integral del agua en ciudades. Dos de los convenios involucraban a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La comunicación solicitó declaraciones de Claudia Cortez, testigo en el proceso por presuntas “coimas millonarias”, además de información sobre adjudicaciones, pagos y transacciones. Cortez había denunciado cobros de comisiones por contratos gestionados durante la administración de Santos Cruz. El exministro renunció en 2023, luego de conocerse las acusaciones, y atribuyó el proceso a una persecución política. El 9 de abril de 2026 fue condenado a 10 años de prisión por el denominado ‘caso coimas’. La decisión corresponde a la Sentencia N.º 78/2026, emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz
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Lopatka también destacó la presencia europea en la observación de las elecciones bolivianas de 2025. Señaló que el canciller Huanca valoró la contribución internacional al cambio pacífico de gobierno y anunció conversaciones con representantes de ambas cámaras legislativas para fortalecer la relación.
Consultado sobre el estado de excepción aplicado en Bolivia, el eurodiputado respondió que su visita no busca “intervenir en asuntos internos”. Expresó su deseo de que el Gobierno supere los problemas del país y de que Bolivia se consolide como un socio de Europa.
La misión, integrada también por Marco Tarquinio y Małgorzata Gosiewska, permanecerá hasta el 29 de octubre. Revisará proyectos de desarrollo humano, acción climática y la iniciativa Global Gateway, además de conocer programas de alternativas a la coca en los Yungas y de economía circular en Santa Cruz.
El Deber