Antes de firmar un contrato militar o incorporarse a las Fuerzas Armadas de otro país, los bolivianos de origen deben obtener una autorización del Ministerio de Defensa. La obligación está vigente desde hace más de tres décadas, pero no había sido incorporada al debate público sobre los ciudadanos trasladados a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania.
El hallazgo forma parte de un documento elaborado por el Laboratorio de Análisis de Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia (Laprid), una entidad privada formada por diplomáticos de carrera que examinó preliminarmente la situación jurídica de los bolivianos vinculados con las tropas rusas.
La base de ese planteamiento está en el artículo 83 de la Ley 1405, Orgánica de las Fuerzas Armadas, promulgada el 30 de diciembre de 1992 y publicada actualmente dentro de la normativa externa del Ministerio de Defensa.
“Los bolivianos de origen, para prestar el Servicio Militar en Fuerzas Armadas extranjeras, previamente deberán solicitar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa Nacional, sea en forma directa o a través de las Agregadurías Militares, Embajadas o Consulados del país”, establece textualmente la norma.
La norma no fija una pena automática
El artículo 83 establece una obligación, pero no contiene una sanción penal específica para quien se incorpore a un ejército extranjero sin permiso. Tampoco señala qué procedimiento debe seguirse, qué requisitos deben presentarse, cuánto dura la autorización o bajo qué condiciones puede ser rechazada.
El artículo 4 del Código Penal boliviano recoge este principio de legalidad: nadie puede ser condenado por una conducta que no estuviera expresamente prevista como delito ni recibir una pena que no hubiese sido establecida por ley.
No basta con ser extranjero y recibir un salario
El artículo 47 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra exige que concurran simultáneamente seis condiciones para calificar a una persona como mercenaria. Entre ellas están haber sido reclutada especialmente para combatir, participar directamente en las hostilidades, actuar motivada esencialmente por una ventaja económica, no ser nacional ni residente de una parte en conflicto y no formar parte de sus Fuerzas Armadas.
Esto significa que ser extranjero, recibir dinero o aparecer en una zona de guerra no basta por sí solo. Incluso la incorporación formal a las Fuerzas Armadas rusas podría impedir que se cumpla uno de los requisitos de la definición internacional, que exige no pertenecer a las fuerzas de una de las partes.
El permiso tampoco descarta una posible trata
Las investigaciones fiscales se concentran en establecer si hubo personas captadas mediante falsas propuestas laborales, abuso de suvulnerabilidad económica, contratos que cambiaron al llegar a Rusia o presiones para incorporarse a unidades militares.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que la trata puede comprender la captación, el traslado o la recepción de personas mediante fuerza, fraude, engaño, coacción o abuso de una posición de vulnerabilidad, con el propósito de explotarlas. Cuando se emplea alguno de esos medios, el consentimiento inicial de la víctima pierde relevancia jurídica.
Por eso, la investigación debe reconstruir cada caso por separado: qué oferta recibieron, quién pagó el viaje, qué documentos firmaron, si comprendían el idioma, si sabían que serían enviados al frente y si podían abandonar el servicio.
La existencia de una firma, un pago o un contrato militar no resuelve esas preguntas. Una persona puede aparecer formalmente incorporada a un ejército y haber sido captada previamente mediante engaño o abuso de vulnerabilidad.
El caso ya alcanza a decenas de bolivianos
La Cancillería informó que mantiene bajo seguimiento 26 casos de ciudadanos vinculados con las Fuerzas Armadas rusas. Según el balance presentado por el canciller Fernando Aramayo, 20 mantienen contratos militares activos, cuatro están heridos, uno falleció y otro fue repatriado. El Gobierno todavía no había confirmado la ubicación de 19 de los bolivianos reportados.
Paralelamente, el Ministerio Público abrió cuatro investigaciones en Santa Cruz, Tarija y Beni por presunta trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. El universo preliminar alcanza a 31 posibles víctimas, aunque la Fiscalía aclaró que esa cifra deberá comprobarse con declaraciones, documentos, registros migratorios y otros elementos.
Además, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania continúa examinando violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y delitos relacionados con la guerra. Su mandato fue renovado el 31 de marzo de 2026, pero hasta ahora no existe una conclusión internacional específica sobre la situación de los bolivianos incorporados a las fuerzas rusas.
El Deber