El magisterio urbano decidió radicalizar sus medidas de presión con la instalación de piquetes de huelga de hambre en todo el país a partir de este martes. Además, convocó al paro de 48 horas previsto para el lunes 9 y martes 10 de noviembre. Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, calificó de política esta medida.
“Nosotros vamos a continuar con nuestras movilizaciones. Esta semana instalamos el piquete de huelgas para el martes, el día viernes tenemos una gran marcha nacional y el lunes y martes próximos, 9 y 10, vamos a ir al paro de 48 horas”, afirmó Lorenzo Chávez, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos.
Las medidas de presión comenzarán este martes con la instalación de piquetes de huelga de hambre en todo el país. Además, el viernes 6 se realizará una marcha nacional. Los maestros rechazan que las gobernaciones y alcaldías asuman nuevas responsabilidades educativas sin contar con recursos económicos suficientes. El documento instruye a los maestros del Magisterio Urbano ejecutar un plan comunicacional “para desenmascarar y rechazar cualquier intento gubernamental de privatizar y desmantelar la educación pública, así como desmentir la guerra mediática y las campañas de desinformación destinadas a desacreditar la lucha de la CTEUB y sus 31 Federaciones”.
El diálogo entre los maestros y el Gobierno se rompió el pasado viernes. Ante ese nuevo escenario, los profesores ratificaron el paro nacional de 48 horas.
RECHAZO DEL GOBIERNO
Una vez confirmada las protestas del magisterio urbano del país, el ministro Sanjinés, calificó de política la convocatoria al paro de actividades y anunció que se aplicarán descuentos salariales a los maestros que no asistan a sus fuentes laborales, en cumplimiento de la normativa que establece que “día no trabajado es día no pagado”.
En entrevista con Bolivia TV, la autoridad cuestionó la convocatoria a la medida de presión y afirmó que responde a una posición política, pese a que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con el sector.
Sanjinés señaló que una eventual suspensión de clases perjudicará a cerca de 2,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, por lo que el Ministerio de Educación hará cumplir las disposiciones vigentes.
“Sería un paro ilegal y, en definitiva, nosotros como autoridades tenemos que aplicar la ley”, sostuvo.
Agencias