En estos casi dos años de la gestión de Roger Mariaca, el Ministerio Público no pudo resolver dentro de los plazos establecidos varios casos de presunta corrupción en el que se denunciaron el manejo de millones de dólares y de bolivianos; tampoco avanzó en los juicios de responsabilidades que son de competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado. Como ocurrió con sus dos antecesores, Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa, Mariaca tampoco cumplió la ley 260, Ley del Ministerio Público, que establece la designación de fiscales departamentales por convocatoria pública.
Mariaca fue destituido el viernes con la modificación de un artículo de la ley del Ministerio Público por presuntos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset y organizaciones criminales.
Los casos de corrupción en Derechos Reales, ‘Maletas’, ‘Narcomaderas’, ‘oro’, ‘armamento’, ‘Gasolina Basura’, ‘Botrading’ y Fondo Indígena, siguen en investigación. El sicariato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure y la tentativa de feminicidio de la abogada Nadia Beller, que a la fecha no tienen identificados a los autores materiales e intelectuales y tampoco el móvil de los hechos. Otros hechos recientes como el caso Cerimedo siguen en la incertidumbre.
DERECHOS REALES
La corrupción por presuntos desfalcos millonarios en Derechos Reales de Santa Cruz y Beni quedaron en la nada, porque el Ministerio Público después de más de un año de investigación decidió archivar el caso con un sobreseimiento avalado por el entonces fiscal departamental Alberto Zeballos, después que se imputó a un registrador y funcionarios quienes cumplieron unos meses de detención preventiva. El Consejo de la Magistratura reclamó por esta decisión y anunció que pedirá un informe a su representante distrital para ver la posibilidad de retomar acciones.
En febrero de 2025, la justicia envió con detención preventiva en la cárcel de Palmasola al registrador Juan Miguel V. y las inscriptoras Sara M. y Carmiña J., acusados de desviar Bs 2 millones de Derechos Reales. Lo mismo pasó con funcionarios de esa repartición en Beni. Ahora están libres con un sobreseimiento.
‘MALETAS’
El caso ‘Maletas’ que data de noviembre de 2025, es considerado el caso más controvertido porque derivó en investigaciones por presunto tráfico de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y posibles vínculos con una organización criminal. El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2025 cuando un vuelo privado procedente de Miami aterrizó en Viru Viru y la responsable de ingresar las 31 maletas era la exdiputada Laura Rojas. Está vinculado el exjuez Heberth Zeballos, en cuya propiedad se habrían guardado estas maletas que a la fecha están perdidas y los responsables están con detención domiciliaria.
‘NARCOMADERA’
Sigue en la incertidumbre el caso ‘Narcomadera’ originado en junio de este año, relacionado con el hallazgo de más de 100 toneladas de droga en el puerto de Arica, presuntamente impregnadas en casi 1.100 toneladas de madera exportada desde Bolivia.
En julio de este año, Roger Mariaca, informó que las investigaciones sobre este caso continúan en curso en los departamentos de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz, tras la apertura de procesos en Chile, pero al final tampoco existen avances en su esclarecimiento. Chile dice que las madreas contenían droga, el gobierno boliviano duda y el Ministerio Público tampoco estableció.
ORO
El caso maletas con oro que salió a la luz la madrugada del 22 de julio, cuando se detectó documentación irregular con la que una persona pretendía sacar desde Viru Viru hacia Dubái siete maletas con oro. En principio se arrestó a seis personas, cinco fueron liberadas, quedando como único aprehendido Adrián Lema.
Este único investigado en este caso ya salió de Palmasola, así lo informó su abogado Juan Carlos Tolay. No se ha establecido de dónde proveía y el destino de este cargamento.
‘GASOLINA BASURA’
Otro de los casos polémicos es el caso ‘Gasolina Basura’ en el que está involucrado el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli que están con detención domiciliaria; tampoco tiene avances significativos. Solo se identificó a Medinaceli como uno de los responsables de la compra del combustible de mala calidad. Entre los sindicados, también está el expresidente de YPFB Yussef Akly.
En el caso Botrading, que viene desde julio de 2025, después de 14 meses de investigación, el 29 de septiembre la Fiscalía presentó acusación contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, que fue visto en Brasil y a la fecha tampoco fue extraditado para asumir defensa en Bolivia.
En este caso, lo único que la Fiscalía solicitó es la confiscación de bienes muebles e inmuebles de todos los acusados.
Caso de sicariato sigue pendiente de esclarecimiento
Cinco meses después del asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz, ocurrido el 30 de abril de este año, ni la Policía ni la Fiscalía dieron con el paradero de los sicarios, solo un presunto cómplice está en la cárcel.
El hecho del feminicidio en grado de tentativa en contra de la abogada Nadia Beller, en el que está imputado el exasesor de presidencia del Estado, Fernando Cerimedo, no tiene identificados a los presuntos sicarios.
El caso del narcotraficante Sebastián Marset, cuyos supuestos vínculos derivaron en la destitución de Mariaca, tampoco se esclarece. La salida sin retorno de Bolivia hacia Estados Unidos de Marset dejó en una situación incierta al menos seis procesos penales abiertos en la justicia boliviana, que se acumularon durante los años en que permaneció en el país desde 2018 hasta su captura en marzo de este año.
Los procesos se iniciaron en distintas etapas: desde el ingreso irregular de Marset al país en 2018, pasando por su fuga tras un operativo policial en julio de 2023, hasta su captura el 13 de marzo de 2025 por la Policía Boliviana.
Tres autoridades incumplieron la ley para nombrar fiscales
La Ley 260 de 11 de julio de 2012, en su artículo 33 parágrafo II, establece que los fiscales departamentales serán designados por el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público. Excepcionalmente, la disposición transitoria Tercera de la Ley, señala que: Hasta que se establezca la organización del escalafón y la carrera fiscal, por única vez, el procedimiento para la designación de las y los Fiscales Departamentales estará a cargo de la o el Fiscal General del Estado. Es decir, el primer fiscal general después de la promulgación de esta ley, tenía una sola oportunidad de designar directamente, las siguientes debían ser mediante convocatoria, pero 14 años después, siguen ‘nombrando a dedo’.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, se coinvirtió en uno de los críticos al incumplimiento de la ley del Ministerio Público en cuanto a la designación de fiscales departamentales mediante convocatoria pública. Aseguró que una de las primeras tareas que debería encarar el nuevo fiscal general del Estado es impulsar un concurso público y una convocatoria de méritos para la designación de estos fiscales.
En su criterio, este mecanismo permitiría fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y evitar que las designaciones respondan a decisiones discrecionales de autoridades o estructuras políticas.
Correo Del Sur