El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, defendió la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel y sostuvo que el antiguo esquema generó incentivos para el desvío y la reventa del combustible.
Desde este sábado, 19 de septiembre, el litro de diésel tiene un precio inicial de Bs 17,95, frente a los Bs 9,80 que pagaban los consumidores minoristas bajo el esquema subsidiado. El nuevo precio está vinculado al costo de importación y al comportamiento del mercado internacional.
Zamora sostuvo que el cambio no debe entenderse únicamente como un incremento de precio, sino como una modificación del sistema de abastecimiento y comercialización.
“La subvención ha sido el mayor daño que nos han hecho a los bolivianos”, afirmó el ministro, una valoración que atribuyó al impacto que, según él, tuvo durante años el esquema subsidiado sobre las finanzas públicas y el abastecimiento.
El Gobierno apunta al desvío de combustible
Uno de los principales argumentos expuestos por Zamora es que la diferencia entre el precio subsidiado y el costo de mercado creó un incentivo para desviar combustible.
El ministro afirmó que se detectaron operaciones en las que personas podían adquirir diésel a un precio inferior al de mercado y posteriormente revenderlo a un valor mayor. También sostuvo que parte del combustible terminó fuera del circuito previsto para el consumo interno.
La eliminación de esa diferencia, según su explicación, reduciría el atractivo económico de esas operaciones.
El Gobierno ha utilizado un argumento similar al anunciar la medida: el presidente Rodrigo Paz sostuvo que el nuevo esquema busca terminar con el incentivo generado por comprar combustible barato en Bolivia para revenderlo o sacarlo del país.
Sin embargo, que el cambio de precio elimine esos incentivos no significa por sí mismo que desaparezcan todos los problemas de abastecimiento. La disponibilidad de diésel también depende de la importación, el acceso a divisas, la logística y la capacidad de distribución.
El abastecimiento, la primera prueba
Precisamente, Zamora aseguró que el Gobierno espera que el nuevo esquema contribuya a reducir las filas en los surtidores.
Explicó que, con el precio subsidiado, una parte del combustible podía ser desviada hacia actividades de reventa y otros mercados. Con un precio más cercano al costo de importación, afirmó, ese negocio perdería atractivo.
El ministro anunció además que se realizarían inspecciones en estaciones de servicio para verificar el despacho de combustible y evaluar los primeros efectos de la medida.
El Gobierno sostiene que el nuevo sistema permitirá garantizar el abastecimiento permanente. Esa es una de las principales promesas que deberá comprobarse en la aplicación del nuevo esquema.
El costo para el transporte
Zamora reconoció que el cambio tendrá efectos sobre los sectores que utilizan diésel y señaló que el Gobierno deberá trabajar con transportistas y otros actores para establecer medidas de compensación.
“Va a costar a los transportistas, a todos”, afirmó.
El ministro mencionó la necesidad de instalar mesas de trabajo con el autotransporte y los cisterneros para analizar mecanismos de compensación y afrontar la transición.
El reconocimiento es relevante porque el nuevo precio representa un aumento de Bs 8,15 por litro respecto al precio minorista anterior, equivalente a aproximadamente 83%.
Ese incremento puede elevar los costos de transporte de carga y pasajeros y, dependiendo de cómo absorban el aumento las empresas y los transportistas, trasladarse posteriormente a otros bienes y servicios.
El Gobierno apuesta al ahorro para financiar inversión
Zamora vinculó además la eliminación de la subvención con la posibilidad de liberar recursos públicos para otras necesidades.
El Gobierno calcula que destinaba alrededor de $us 55 millones por semana a la subvención de combustibles. Paz anunció que esos recursos serán redirigidos hacia inversión, programas sociales y apoyo productivo.
El ministro defendió esa decisión señalando que los recursos destinados durante años a mantener precios bajos podrían haberse utilizado en infraestructura, salud y otros servicios públicos.
No obstante, el monto anunciado como ahorro no equivale automáticamente a un ahorro fiscal neto de esa magnitud: el resultado dependerá del comportamiento de los precios internacionales, los volúmenes importados, el tipo de cambio y los recursos que el Estado deba destinar a medidas de compensación.
El nuevo esquema coloca ahora al Gobierno ante dos resultados que deberá demostrar en los próximos meses: que el mayor precio reduce efectivamente las distorsiones y mejora el abastecimiento, y que los recursos liberados tienen un impacto verificable en las inversiones y medidas sociales anunciadas.
El Deber