Menos agua para los cultivos, ríos con caudales reducidos y un mayor riesgo de incendios. Esas son algunas de las amenazas que enfrenta Bolivia ante el fenómeno de El Niño, según una nota técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El impacto puede alcanzar a la producción y el transporte.
“El documento, elaborado junto con la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, prevé temperaturas superiores a lo normal y menos lluvias en gran parte del país entre octubre y diciembre de 2026.
En la Amazonía, que Bolivia comparte con otros países, advierte sobre un posible déficit hídrico prolongado hasta febrero de 2027. La reducción de los niveles de los ríos podría dificultar la navegación y aislar comunidades, además de favorecer incendios.
Para el Altiplano y los Andes del sur, el informe prevé precipitaciones entre deficitarias y normales de diciembre a marzo. La falta de agua podría afectar las siembras que dependen de la lluvia y reducir las reservas hídricas.
¿Cuánto puede costar?
La OEA no calcula una pérdida económica específica para Bolivia. Sin embargo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó en agosto que El Niño podría restar entre 0,3 y 2 puntos porcentuales al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2026, dependiendo de la intensidad y la capacidad de respuesta. Se trata de una proyección, no de pérdidas ya registradas.
El riesgo económico se transmite por varias vías: menos agua puede reducir cosechas y elevar los costos de producción; los incendios pueden afectar bosques y actividades productivas, y la caída de los ríos complicar el transporte de personas y mercancías. El alcance dependerá de las condiciones en cada territorio.
Ante ese escenario, el Gobierno activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y presentó una unidad de gestión de riesgos agropecuarios y un sistema de monitoreo y alerta para el sector.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero, informó que se canalizan recursos y se trabaja con los municipios en alertas y obras preventivas.
La OEA considera crítico el periodo entre octubre de 2026 y marzo de 2027 y recomienda anticipar medidas para proteger el agua, la producción y la población. El costo final dependerá también de esa preparación.
El Deber