“¿En qué manos estábamos?”. Así reaccionó el presidente Rodrigo Paz este lunes por el secuestro de 43 vehículos en Santa Cruz, varios de alta gama, en el contexto de la investigación al exfiscal general Róger Mariaca. El mandatario relacionó los operativos con sus denuncias de penetración criminal en instituciones de justicia.
Durante el acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, en el Palacio Quemado, Paz cuestionó cómo una estructura presuntamente corrupta pudo operar dentro del Ministerio Público. “¿Cómo podemos descubrir y relacionar 43 movilidades?”, preguntó. Según dijo, los hallazgos podrían estar vinculados con algunos exfuncionarios del Ministerio Público, aunque no estableció la propiedad ni la procedencia ilícita de los motorizados.
La FELCN y la Fiscalía intervinieron durante el fin de semana dos autoventas de Santa Cruz. En Prestige, ubicada en el cuarto anillo y Radial 27, secuestraron 13 vehículos; en Fullcars, sobre la avenida 2 de Agosto, otros 30, de los cuales ocho quedaron precintados. Entre las marcas examinadas figuran Porsche, BMW y Lexus. También se recogieron documentos, celulares y equipos de grabación.
Los allanamientos fueron autorizados por una resolución judicial del 11 de octubre, a requerimiento de los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento. Se debe establecer el origen y propiedad de los bienes y sus posibles conexiones con los delitos investigados. El secuestro preventivo no equivale a un decomiso definitivo ni prueba una relación con el narcotráfico.
Mariaca, aprehendido el 1 de octubre, está detenido preventivamente en Cantumarca, Potosí. Se investigan sospechas de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, con otros exfuncionarios bajo pesquisa.
Paz sostuvo que no basta con mejorar edificios y equipamiento si persisten extorsiones y amenazas. Denunció que la corrupción puede dejar indefensas a familias que acuden a la Fiscalía por casos como el feminicidio y afirmó que algunos jueces de frontera actúan bajo intimidaciones de grupos armados. “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”, manifestó. Agregó que víctimas sin dinero pueden quedar desatendidas mientras otras personas consiguen favores mediante pagos o extorsiones.
Paz afirmó que su familia corre riesgos por decisiones contra el narcotráfico, mencionó a Sebastián Marset y advirtió que los jueces aislados pueden ceder ante amenazas de mafias armadas.
Sus declaraciones se produjeron después de una advertencia de la representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza. En una entrevista del fin de semana, describió a Bolivia como un “hub” criminal y mencionó la expansión del PCC y Comando Vermelho, de Brasil, y del Cártel Jalisco Nueva Generación, de México. Alertó sobre la confluencia entre narcotráfico, corrupción y otras economías ilícitas, además de la infiltración institucional. Su advertencia general no prueba responsabilidades en el caso Mariaca.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo,anunció que los operativos continuarán con cooperación internacional. La documentación secuestrada será examinada para esclarecer eventuales vínculos con la red investigada.
El Deber