El presidente Rodrigo Paz afirmó que la interpelación solicitada a la Asamblea Legislativa por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, constituye un acto de transparencia que busca esclarecer ante el país el manejo de la lucha contra el narcotráfico.
Según el mandatario, el Órgano Legislativo es el espacio adecuado para que las autoridades expliquen de manera pública las acciones asumidas desde el Ejecutivo, especialmente en temas sensibles como la seguridad y el combate a las drogas.
“La interpelación es un hecho democrático, tendrán que presentarse (los ministros), han pedido fechas”, declaró, en alusión también a otras solicitudes impulsadas por la oposición.
El pedido del ministro Oviedo marca un hecho inédito, ya que –a diferencia de lo habitual– no surge por presión de la oposición, sino por iniciativa propia. Tradicionalmente, la interpelación es impulsada por parlamentarios y cuando se concreta, la oposición celebra el hecho de haber llevado al ministro al sillón del acusado.
La semana pasada, en medio de cuestionamientos por el caso de las 32 maletas y denuncias sobre presuntos encubrimientos, Oviedo sorprendió al solicitar formalmente su interpelación. A través de una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, pidió que se fije fecha y hora para el acto de fiscalización, con el objetivo de informar sobre el estado actual de la lucha contra el narcotráfico.
Hasta el momento, no se conoce una posición oficial del vicepresidente Edmand Lara, quien anteriormente había denunciado posibles niveles de complicidad policial en este caso. En tanto, sectores de la oposición también apuntaron contra el ministro, lo que derivó en el desafío público de someterse a este mecanismo de control.
Desde la alianza Libre, la diputada Lisa Claros cuestionó la iniciativa y consideró que se trata de una acción política, al señalar que no existirían los votos suficientes en la Asamblea para una eventual censura.
¿Qué es una interpelación?
La interpelación es uno de los principales mecanismos de control político que ejerce la Asamblea Legislativa sobre el Órgano Ejecutivo. Consiste en la citación obligatoria a un ministro de Estado para que rinda cuentas sobre su gestión, responda a cuestionamientos específicos y explique decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.
Este proceso se inicia con la presentación de un pliego interpelatorio, que contiene preguntas formuladas por los asambleístas. Posteriormente, el ministro es convocado al pleno de la Asamblea, donde debe responder y someterse a un debate en el que pueden participar diputados y senadores.
Al finalizar la interpelación, la Asamblea puede asumir tres tipos de decisiones: aprobar un orden del día puro y simple, que implica aceptar las explicaciones; emitir un orden del día motivado, respaldando la gestión del ministro; o votar por la censura, que requiere dos tercios de los votos y conlleva la destitución de la autoridad.
Este mecanismo, establecido en la Constitución, es fundamental para garantizar el equilibrio de poderes y asegurar que las autoridades del Ejecutivo rindan cuentas ante los representantes del pueblo.
Correo Del Sur