La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) exige el cese de los bloqueos que se prolongan por un mes en distintas regiones del país. Además, denunció que varias comunidades indígenas permanecen aisladas y cautivas debido a las restricciones en las carreteras. También piden al Gobierno aplicar los mecanismos constitucionales y legales necesarios para garantizar la libre transitabilidad.
A través de un pronunciamiento suscrito por su directiva nacional y sus 15 organizaciones regionales, la entidad expresó su preocupación por los hechos de violencia, confrontación y vandalismo registrados en el marco de los conflictos sociales, así como por las consecuencias económicas y sociales derivadas de los bloqueos.
La organización indígena afirmó que las medidas de presión están afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables, especialmente en el norte del departamento de La Paz, donde varias comunidades se encuentran “prácticamente aisladas y cautivas” por la interrupción de las rutas de comunicación.
Según la Cidob, los bloqueos están provocando dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de limitar el acceso a servicios de salud, educación y transporte.
“Los bloqueos no solo paralizan caminos; generan más pobreza, desabastecimiento, incertidumbre y abandono en las comunidades indígenas, que dependen de las rutas terrestres y fluviales para acceder a alimentos, combustible, medicamentos, atención médica, educación y comunicación con los centros urbanos”, señala el pronunciamiento.
La entidad reafirmó su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad del Estado y el voto ciudadano, y sostuvo que, si bien las demandas sociales son legítimas, ninguna reivindicación puede justificar hechos de violencia, destrucción de bienes públicos o privados ni acciones que afecten la estabilidad democrática y la paz social.
En ese marco, exhortó a las organizaciones movilizadas, a las autoridades del Estado y a la sociedad civil a priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas para evitar una mayor profundización de la crisis social y económica.
Asimismo, demandó al Gobierno nacional que, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes vigentes, adopte las acciones necesarias para impedir la prolongación de los bloqueos, resguardar los derechos fundamentales de la población y garantizar el libre tránsito, el abastecimiento y la seguridad de las comunidades afectadas.
Indicó que la protesta social debe ejercerse con responsabilidad y respeto a los derechos de terceros, y ratificó su compromiso con la defensa de los pueblos indígenas, la democracia, los derechos humanos y la paz social.
El Diario