La polémica por la sucesión de mando llega al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Al menos siete acciones en torno a la pugna por la sucesión temporal de la Presidencia del Estado fueron interpuestas tanto por el vicepresidente Edmand Lara como por legisladores e incluso ciudadanos particulares.
En febrero de este año, Wilfredo Pérez Aliaga presentó una acción popular en la que solicita a la justicia constitucional que ordene al presidente Rodrigo Paz que cumpla con la Constitución Política del Estado (CPE) y transfiera el mando cuando salga fuera del país temporalmente o, en su caso, que la Asamblea Legislativa Plurinacional aplique la sucesión constitucional por abandono del cargo. Su acción apuntaba contra el Decreto Supremo (DS) 5515 que permite a Paz gobernar a distancia valiéndose de la tecnología.
En abril, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz denegó la tutela solicitada por Pérez por no existir vulneración ni omisión de vulneración por parte de la primera autoridad de Estado. El 4 de mayo, el expediente fue remitido al TCP para que sea resuelto en revisión y se encuentra en manos de un magistrado.
OTRAS ACCIONES
Antes, en enero de 2026, el presidente de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, Ricardo Guisbely Limachi, negó la tutela que demandó el abogado Wilmer Vásquez en contra del DS 5515.
Lara y algunos parlamentarios acudieron también ante el TCP con acciones de inconstitucionalidad en contra de ese decreto que están siguiendo su trámite.
En mayo, el magistrado Ángel Edson Dávalos informó de la admisión de recursos de inconstitucionalidad contra el polémico decreto y aclaró que esto no implica una sentencia de fondo.
Este jueves, la presidenta del TCP, Paola Prudencio, declaró a medios de comunicación en Sucre que las acciones de inconstitucionalidad en contra del DS 5515 están en trámite de acuerdo con el turno de ingreso.
PRESUNCIÓN
Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, en entrevista con Correo del Sur Radio, explicó que el Art. 4 del Código Procesal Constitucional establece la figura de la presunción de constitucionalidad de algunas normas, en este caso del DS 5515, mientras el TCP no diga lo contrario.
“Si es que se podría atacar la inconstitucionalidad de ese decreto, el único ente legalmente autorizado para definir (la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma) es el pleno del TCP, de nueve magistrados con cinco votos conformes; pero, mientras tanto, rige la presunción de constitucionalidad de ese DS, y no es el Fiscal General ni el Presidente del TDJ de Santa Cruz (el que define quién es el Presidente)”, precisó.
La polémica sobre el Decreto 5515 resurgió después de que el vicepresidente Lara señalara que se debe priorizar el Art. 169 de la CPE por encima del DS 5515 y anunciara que cada vez que Paz salga del país será él quien presida Bolivia.
RESPALDO
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, respaldó la línea de sucesión constitucional que reconoce a Diego Ávila (presidente del Senado) como presidente en ejercicio ante las ausencias de Rodrigo Paz y Edmand Lara. Aunque Ávila dejó en claro que Paz es el Presidente.
Correo Del Sur