Políticos y poderes fijan noviembre para evaluar reformas a la CPE y a leyes estructurales

Noviembre se apunta como el mes clave que trazará la ruta crítica en Bolivia para empezar el debate oficial en la Asamblea Legislativa sobre las reformas estructurales para modificar la Constitución Política de Estado (CPE), y también para hacer ajustes a leyes fundamentales entre ellas, las normas electorales. Tanto Libre como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por separado, pusieron plazo hasta el penúltimo mes del año para mostrar avances concretos.

De la misma forma, en noviembre, el presidente Rodrigo Paz cumplirá su primer año al mando del país y deberá rendir un informe sobre su gestión y si logró avances en la aprobación de las leyes fundamentales como la anunciada nueva Ley de Inversiones.

Desde el análisis del politólogo, Carlos Cordero, los anuncios de modificar la Constitución y socializar las propuestas con todos los sectores, puede “desinflar” las intenciones de algunos grupos radicales de convulsionar el país desde octubre. Pero si el tema no se maneja con precisión y no se socializa con todos, la intención de modificar la Carta Magna puede ser anulada antes de tiempo.

Tiempo de reformas de fondo

El ex presidente y líder de Libre (Libertad y Democracia), Jorge Tuto Quiroga, a tiempo de presentar el proyecto de ley de reforma constitucional fijó dos meses como plazo para socializar con todos los sectores de la sociedad civil las modificaciones a la norma suprema.

“Yo propongo que trabajemos hasta el 8 de noviembre o hasta fin de año máximo, pero mejor si es hasta el 8 de noviembre. Vamos a hablar con todos, con los legisladores del PDC, con los de (Edmand) Lara, con el presidente del Senado, de Diputados”, anunció Quiroga.

El proyecto de ley de reforma constitucional que presentaron los parlamentarios de Libre a la Asamblea Legislativa, es uno de al menos tres planteamientos que recibió el presidente de la Asamblea, Edmand Lara y que remitió a la Comisión Mixta de Constitución. Esta instancia camaral hasta la fecha no se conformó para analizar y debatir estas propuestas.

En tanto, el “Proyecto de ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009”, propuesto por el diputado Carlos Alarcón de Unidad, tomó la delantera la pasada semana tras que el legislador también presentó su propuesta al presidente del Senado, Diego Ávila, y éste lo envió a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Aunque Alarcón no mencionó una fecha específica para su análisis en el pleno de la Asamblea, calculó que los primeros meses de 2027, tras la posible aprobación de su propuesta, la Asamblea, a través del Tribunal Supremo Electoral, pueda lanzar la convocatoria al Referéndum Constitucional.

“Entre enero y febrero podríamos estar llamando al voto”, decía Alarcón. Es decir, que los últimos meses de este 2026, la Asamblea tendría que aprobar el proyecto de reforma constitucional planteado por Alarcón.

La reforma electoral que impulsa el TSE

Desde agosto pasado los vocales del TSE empezaron a trabajar en sus propuestas para ajustar y modificar las normas electorales: Ley 018 del Órgano Electoral; 026 de Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Todas estas leyes fueron aprobadas por el MAS y promulgadas por el expresidente Evo Morales, entre 2010 y 2018.

La estrategia de las autoridades del Órgano Electoral – entre vocales del TSE y vocales de los tribunales electorales departamentales (TED) – es trabajar en la reforma electoral con el respaldo del Proyecto del Centro Europeo de Apoyo Electoral de la Unión Europea, instancia con la que diseñó un plan de trabajo con talleres en los nueve departamentos para recibir propuestas para la reforma electoral.

“A finales de noviembre ya vamos a entregar un proyecto de ley debidamente socializado, que es lo que nosotros queremos”, indicó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

En ese marco, del 16 de septiembre al 5 de noviembre, el Órgano Electoral, a través de los TED de cada departamento realizará nueve talleres para socializar sus proyectos de ley electorales y recibir insumos para modificar las normas actuales y vigentes.

“Es tiempo de evaluar nuestras normas”

Pero el TSE no es ajeno a los planes de reforma constitucional, dado que las modificaciones estructurales a las leyes electorales también forman parte de este escenario.

“Ha llegado la hora de evaluar nuestras normas empezando por la Constitución Política del Estado. Lo que nosotros pedimos y exigimos es que siempre sea democrático, escuchando a todos los bolivianos que tengan propuestas por hacer”, dijo el vocal Ávila.

El 31 de agosto, el presidente Rodrigo Paz anunciaba que buscará a líderes de la oposición como Quiroga Ramírez para impulsar una reforma constitucional. El jefe de Estado expresó su “total apertura” para dialogar con líderes de la oposición, con autoridades de otros órganos y con los legisladores para garantizar los dos tercios en la Asamblea para aprobar las leyes estructurales y una reforma constitucional.

Al respecto, el vocal Ávila afirmó a EL DEBER que el Órgano Electoral siempre está dispuesto a dialogar para ejecutar estas reformas.

“Cuando se nos convoque, nosotros estamos comprometidos a llevar mesas de diálogo para sentar a todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales para estas reformas, Es un compromiso del Órgano Electoral y lo vamos a cumplir”, dijo Ávila.

El riesgo antes de noviembre

Los anuncios de reforma constitucional y de ajustes en las leyes fundamentales que son iniciativas de legisladores, organizaciones políticas y autoridades electorales, pueden traer dos efectos a corto plazo, según el experto en análisis político Carlos Cordero.

Un efecto sería que si se cumple la socialización de las reformas a la Constitución con todos los sectores de la sociedad, este hecho “podría convertirse en una válvula de escape que desinfle” los anuncios de grupos radicales de convulsionar el país a partir de octubre. La premisa es que todos los actores de la sociedad querrán ser parte del análisis a los proyectos de reforma constitucional y aportar con sus ideas para los ajustes.

El otro efecto es que si en este proceso de cambios constitucionales se toca o se afectan los artículos que benefician a la “base étnica del país”, así como a los sectores indígenas o movimientos sociales, esto generará un rechazo y un bloqueo al objetivo principal.

“Da la impresión de que todavía no existe una participación de los movimientos sociales, del Movimiento Al Socialismo y de que estas reformas son más a favor de la derecha y que estarían intentando eliminar algunas conquistas de los movimientos sociales. Este es el punto, si hay grupos en la sociedad que no están de acuerdo con las reformas que plantean los líderes políticos, este proceso se puede entorpecer en el primer año”, manifestó Cordero.

Una de las voces más fuertes que expresa su rechazo a la reforma constitucional es la del expresidente Evo Morales, quien si bien admite que es necesario ajustar la Carta Magna, asegura que la reforma constitucional solo pretende “proteger y encubrir a Rodrigo Paz”, es una “cortina de humo” por el caso de Fernando Cerimedo y por las denuncias de corrupción.

Desde su perspectiva, “la derecha” nuevamente pretende eliminar los artículos que garantizan la soberanía de las empresas estratégicas “para entregar nuevamente a las transnacionales”.

El Deber