Con La Paz cercada, largas filas por combustible, dificultades para el ingreso de alimentos y medicamentos, y sectores radicalizados exigiendo el acortamiento del mandato del presidente Rodrigo Paz, varios sectores demandaron la aplicación de un estado de excepción aplicando únicamente la Constitución. ¿Se puede?
La abrogación de la Ley 1341 —aprobada por el Senado y pendiente de sanción definitiva en Diputados— no crea la figura del estado de excepción. Esa herramienta ya existe en la Constitución Política del Estado. Lo que hace es retirar una capa de regulación que, según sus detractores, convertía esa facultad en un mecanismo prácticamente inviable.
En términos simples, el Ejecutivo ya podía declarar un estado de excepción, pero con la Ley 1341 debía moverse dentro de un corsé legal mucho más rígido. Si la norma desaparece, el presidente tendría un margen de acción considerablemente mayor.
El artículo 137 de la Constitución habilita al mandatario a declarar estado de excepción en casos de conmoción interna, amenaza a la seguridad del Estado, agresión externa o desastre natural. El actual contexto —bloqueos prolongados, desabastecimiento y tensión social— podría encuadrar dentro del concepto de conmoción interna.
El abogado constitucionalista y diputado Carlos Alarcón, impulsor de la abrogación, sostiene precisamente esa lectura. “Lo que hemos hecho ahora es recuperar la plena vigencia y aplicación de los artículos de la Constitución”, afirmó.
A juicio del legislador, la Ley 1341, aprobada en 2020 en medio de las protestas lideradas por Evo Morales contra gobierno de Jeanine Áñez, imponía restricciones que neutralizaban la herramienta constitucional.
“La Asamblea tenía —con esta ley— facultades sobredimensionadas para intervenir sobre el decreto presidencial y eso no corresponde”, argumentó.
¿Qué trabas desaparecen?
Con la salida de la Ley 1341 pueden desaparecer varios candados específicos.
Ya no existiría una ley ordinaria que detalle límites temporales concretos, procedimientos más estrictos de control legislativo ni reglas operativas expresas sobre la ejecución de la medida. Eso no significa carta blanca, asegura Alarcón.
De hecho, la Constitución mantiene límites esenciales porque la Asamblea Legislativa debe considerar la medida dentro de 72 horas; el Ejecutivo debe justificar su decisión; y Bolivia sigue obligada por tratados internacionales de derechos humanos.
Pero sí desaparece una regulación secundaria que, en la práctica, elevaba el umbral político y jurídico para aplicar la medida.
Dicho de otro modo: el presidente no queda sin controles, pero sí con menos obstáculos legales inmediatos.
¿Significa que Paz lo hará?
No necesariamente. El estado de excepción no es una obligación automática, sino una decisión política de alto costo.
Implica asumir restricciones extraordinarias, exposición internacional y una inevitable lectura política: que el Gobierno considera agotados los mecanismos ordinarios para recuperar el control.
Por eso, aunque jurídicamente el camino quede más despejado, el dilema pasa al terreno político.
Rodrigo Paz cumple apenas seis meses en el poder y enfrenta la crisis más grave de su administración. Declarar un estado de excepción podría interpretarse por sus partidarios como una señal de autoridad institucional; por sus detractores, como una escalada represiva.
Alarcón sostiene que el escenario actual justificaría evaluar esa herramienta.
“Precisamente para eso la Constitución ha establecido el estado de excepción”, dijo, al describir la situación como una crisis extrema con afectación de derechos ciudadanos.
El verdadero cambio
Lo que cambia no es que antes el Gobierno no podía actuar y ahora sí. Lo que cambia es el costo jurídico de hacerlo.
Si Diputados confirma la abrogación, la principal barrera para decretar un estado de excepción dejará de ser normativa y pasará a ser exclusivamente política. Alarcón, elegido por la alianza Unidad, asegura que en Diputados existen varios consensos para finalmente anular esta normativa .
Y en una Bolivia que entra en su cuarta semana de conflicto, esa diferencia puede ser decisiva.
El Deber