La reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) comienza a salir del escenario estrictamente legislativo para ingresar en una fase de consultas con universidades, especialistas e instituciones. Los impulsores del proceso preparan mesas de trabajo por áreas y anticiparon que buscarán incorporar al debate a constitucionalistas, entre ellos el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que recibió una propuesta elaborada desde una Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz que aborda distintas áreas de la eventual reforma constitucional. A partir de ese encuentro, señaló, se acordó avanzar hacia una convocatoria más amplia al sistema universitario.
“Las universidades tienen que ser parte fundamental en la discusión de los temas”, sostuvo Ávila. Destacó que la participación académica no debería limitarse a modificaciones relacionadas con el propio sistema universitario, sino extenderse a asuntos como la reforma de la justicia, las autonomías y otros componentes de la Constitución.
La intención, explicó, es instalar mesas organizadas por áreas temáticas. Todavía no se anunciaron fechas ni la metodología con la que funcionarán estos espacios, pero la propuesta apunta a recopilar y ordenar los diferentes documentos que comienzan a llegar a la Asamblea Legislativa.
El proceso ocurre una semana después de que Ávila y el diputado Carlos Alarcón (Unidad) presentaran ante el Senado un proyecto para activar una reforma parcial de la CPE. La iniciativa abrió formalmente el debate legislativo y actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Las primeras conversaciones políticas identificaron como áreas prioritarias la economía, la justicia y las autonomías.
Los derechos, una primera línea roja
En medio de la ampliación del debate aparece también una primera definición sobre sus límites. Ávila aseguró que existe coincidencia con los académicos que participaron del encuentro respecto a que el capítulo referido a los derechos de las personas no debería ingresar entre los artículos que se pretenden modificar.
“Hemos coincidido con ellos, por ejemplo, que el capítulo de derechos no se toca en la reforma constitucional. Eso es algo que la única forma de tocar es para profundizar derechos”, afirmó.
La definición tiene además una dimensión jurídica. El artículo 411 de la Constitución establece que una reforma que afecte las bases fundamentales del Estado o los derechos, deberes y garantías debe realizarse mediante una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria. Para una reforma parcial, en cambio, la vía legislativa exige una ley aprobada por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea y posteriormente un referéndum constitucional.
De esta manera, mantener fuera del proyecto modificaciones que afecten el núcleo de derechos también permitiría preservar la ruta de una reforma parcial, que es el procedimiento que actualmente impulsan Ávila y Alarcón.
Buscan sumar a Rodríguez Veltzé
Ávila anunció además que pretenden incorporar al proceso la experiencia de constitucionalistas y mencionó específicamente al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
“Estamos viendo ya de organizar eso también con el apoyo de distintas personas e instituciones, entre ellos el grupo de notables constitucionalistas a la cabeza del expresidente Rodríguez Veltzé”, señaló.
Precisó, sin embargo, que todavía se busca concretar un encuentro con el exmandatario para comenzar a definir las líneas de trabajo. Por tanto, su incorporación formal al proceso aún no fue anunciada.
Rodríguez Veltzé ha participado durante los últimos años en espacios académicos dedicados precisamente a discutir modificaciones a la Carta Magna. Este año coordinó, junto con Farit Rojas y José Luis Exeni, la publicación Razones públicas y cambio constitucional. 50 propuestas de reforma en Bolivia, que reúne planteamientos sobre posibles transformaciones constitucionales.
La Asamblea también comenzó a recibir planteamientos sobre asuntos ambientales y otras materias. El siguiente paso, según Ávila, será ordenar esos aportes, establecer el procedimiento de las mesas y poner la información a disposición de quienes participen del debate.
“La idea es organizar toda la información, organizar el proceso y el procedimiento que seguiríamos para las distintas mesas y facilitar la información que nos está llegando como insumos para ese trabajo”, explicó.
La reforma entra así en una nueva fase: después del primer acuerdo político para activar su tratamiento en la Asamblea, el desafío será determinar qué sectores participarán, qué propuestas lograrán consenso y, finalmente, cuáles llegarán al texto que deberá buscar los dos tercios del Legislativo antes de ser sometido al voto ciudadano.
El Deber