Los habitantes de la comunidad Chushuara Originaria del municipio de Apolo constataron la existencia de una intensa actividad minera ilegal por parte de súbditos chinos con el uso de maquinaria pesada como tornamesas, retroexcavadoras, unas 15 volquetas además de la instalación de unos cinco chutes o rampas de lavado de mineral para explotar oro de unas siete pozas en un sitio ubicado entre los ríos Beni y Quendeque en proximidades de la zona intangible del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Uno de los habitantes de la comunidad de Chushuara Originaria que prefirió hacerse llamar “Juan” (para resguardar su vida frente a posibles represalias) informó que en marzo de este año la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) junto con la Policía Bolivia y las Fuerzas Armadas intervinieron esta operación minera que se encuentra a unos 800 metros del área protegida, “en esa oportunidad se destruyeron dos excavadoras y dos volquetas”.
Sin embargo, el comunario reveló que a partir de junio de este año, la actividad minera aurífera reanudó sus operaciones ilegales, pero con mayor intensidad y con más maquinaria pesada que trabaja las 24 horas de cada jornada.
Lamentó que después de haberse cursado las denuncias respectivas a la Fiscalía y a la AJAM, las autoridades no cumplan con la Resolución Judicial de la Acción Popular 05/2023 emitida el nueve de septiembre de 2023 por el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque con la que se dispuso la suspensión inmediata de toda actividad minera ilegal y sin licencia ambiental en el río Beni y sus afluentes.
“Se está incumpliendo la disposición judicial y lo peor que, al tratarse de una actividad intensa con el uso de 15 volquetas y demás maquinaria pesada, se está contaminando con mercurio los ríos y se está poniendo en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas del Parque Madidi donde existe una flora y fauna única del mundo, además se está afectando a las comunidades indígenas de los hermanos tsimanes, mosetenes, tacanas y ese ejjas que viven río abajo”, aseveró Juan.
Los habitantes de Chushuara Originaria, comunidad que se encuentra en el municipio de Apolo de la provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz y en la ribera del río Beni, pudieron constatar el asentamiento de la operación minera ilegal.
A finales del mes de agosto, la inacción de las autoridades estatales, originó que la comunidad emita un voto resolutivo con el cual rechazó la actividad minera desarrollada en su territorio y solicitó la intervención de las autoridades competentes ante hechos de amenazas, amedrentamiento e intimidación, así como la investigación de la tenencia y portación de armas de fuego de personas vinculadas a la actividad minera ilegal.
Con la participación de casi todos los comunarios, el pasado fin de semana, las autoridades y dirigentes realizaron una vigilia pacífica en el lugar donde se encuentra la actividad ilegal, exigiendo la paralización de sus operaciones.
Sin embargo, luego de parar su explotación por una jornada, retomaron las operaciones sin temor alguno, ya que cuentan con un grupo de choque armado para enfrentar a los comunarios de Chushuara Originaria que se atrevan a denunciar la actividad ilegal, añadió.
Una comunaria que llegó la pasada semana hasta la ciudad de La Paz, denunció en las redes sociales y en un medio radial que ella y sus familiares fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.
SIN AUTORIZACIÓN
Otro de los habitantes del lugar, que tampoco reveló su nombre, explicó que los dirigentes de la comunidad, pudieron verificar que la operación minera ilegal no cuenta con una concesión actualizada anterior a la Resolución Judicial de la Acción Popular 05/2023.
Por lo que, al tratarse de una nueva actividad debe ser intervenida tal como lo establece la Acción Popular, agregó.
Después de una audiencia que se extendió por más de 15 horas, el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque emitió el nueve de septiembre de 2023 la tutela a la Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) para frenar la minería aurífera ilegal y la contaminación con mercurio en los ríos de la Amazonía paceña.
Lamentablemente, la resolución permanece por casi tres años en el Tribunal Constitucional Plurinacional para su correspondiente revisión, a pesar del continuo seguimiento y reclamo por parte de la CPILAP, la Defensoría del Pueblo y del propio Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.
Mientras tanto, la minería ilegal aurífera aumenta y de manera alarmante por ríos, áreas protegidas y territorios indígenas del norte de La Paz, de Beni y de Pando, con el uso indiscriminado de mercurio que pone en riesgo las vidas de los habitantes de los pueblos indígenas, además de contaminar los ríos, la biodiversidad de la región y poner en peligro el Parque Nacional Madidi, el área protegida más biodiversa del planeta.
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