El caso de la ambulancia que transportaba Bs 3.532.100 y $us 10.000, y que según la investigación estaría vinculado con Roger Mariaca, derivó en una nueva detención preventiva para el exfiscal general. La Justicia determinó otros seis meses de detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.
La nueva medida corresponde a una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas y se suma a la detención preventiva que ya recibió por el primer proceso relacionado con organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
La nueva decisión judicial mantiene a Mariaca en el penal de Cantumarca, en Potosí, donde ya había sido enviado por el primer proceso. La Fiscalía había solicitado nuevamente su detención preventiva en el mismo recinto penitenciario a raíz del dinero encontrado en la ambulancia.
La segunda audiencia cautelar se instaló este domingo desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en El Alto, y corresponde a una investigación independiente de la causa por la que el exfiscal general fue enviado a prisión preventiva el sábado.
SEGUNDO PROCESO
La investigación comenzó después de que la Policía interceptara una ambulancia que había ingresado al condominio donde se encuentra la vivienda de Mariaca en Santa Cruz de la Sierra.
Según los antecedentes policiales, el vehículo ingresó bajo el argumento de prestar asistencia médica. Sin embargo, cuando salió del inmueble fue sometido a un control y los agentes encontraron varios maletines ocultos en compartimentos de la ambulancia.
El conteo estableció Bs 3.532.100 y $us 10.000. El dinero fue posteriormente trasladado a La Paz junto con las personas aprehendidas y el caso quedó bajo investigación de la Felcn.
La Fiscalía abrió a partir de este hallazgo un segundo proceso contra Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas. Según la hipótesis fiscal, el dinero podría estar relacionado con actividades vinculadas al tráfico de sustancias controladas y habría sido ocultado para evitar su identificación.
La procedencia y el destino de los recursos, sin embargo, todavía deben ser establecidos dentro de la investigación.
Además de Mariaca, en este segundo proceso están involucradas otras cuatro personas relacionadas con la ambulancia.
Entre los investigados se encuentra un hombre que, según los antecedentes policiales, habría intentado retirar el sistema de grabación de las cámaras de seguridad del condominio. La Fiscalía busca establecer si esa acción estuvo relacionada con la salida del dinero.
La Policía también informó que identificó dos clínicas privadas que podrían aportar información sobre las circunstancias que rodearon el ingreso de la ambulancia al condominio. Los nombres de esos centros médicos no fueron revelados mientras continúan las investigaciones, según El Deber.
Exfiscal Mariaca teme por su vida
Ante el juez de medidas cautelares, el ex fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dijo que teme por su vida al ser enviado a la cárcel de Cantumarca.
Afirmó que fue él quien investigó el caso de los asesinatos en San Ignacio de Velasco y logró la captura de los sospechosos de esos casos, que fueron enviados precisamente a Cantumarca.
Mariaca teme que esa gente atente contra él, mientras esté en Cantumarca. “Mi vida, señor juez, está hoy en manos del órgano judicial; de usted, como control jurisdiccional, que podía haber evitado (el traslado). Le estoy diciendo: hemos realizado un trabajo muy importante en Santa Cruz en el cual yo llevé adelante la investigación conjuntamente con los fiscales, hemos agarrado unos asesinos que hoy están detenidos preventivamente en estas cárceles donde usted nos está mandando”.
Según el exfiscal, su detención preventiva debería cumplirse en el lugar donde tiene su domicilio principal, que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Agregó que tiene tres hijos, todos menores de 18 años, que dependen de él y esa es otra razón por la que se detención debería cumplirse allí.
Anunció que apelará la decisión judicial.
Marset pagaba $us 500 mil mensuales
En la imputación formal que presentó la Fiscalía en contra del exfiscal General, Roger Mariaca, y otros sindicados, se señala que el narcotraficante Sebastián Marset pagaba un “alquiler de protección a altas esferas” para que les avisarán de los operativos entre el 2023 y 2024.
“Se aprecia a Sebastián Marset de manera pública en medios de comunicación, al ser un hecho notorio que el narcotraficante pagó sumas de hasta Sus 500.000 mensualmente a manera de un alquiler de protección de altas esferas”, indica el reporte oficial del Ministerio Público.
En la imputación se detalla que estos datos fueron reunidos a través de entrevistas, declaraciones, diagramas de vínculo, videos e informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
A las “altas esferas” a las que hace mención, según la imputación, es en las gestiones 2023 a 2024, al Ministerio de Gobierno, a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y en última instancia a la Fiscalía General del Estado, que en ese periodo estaba a la cabeza de Mariaca “llegando a tener una vinculación y a tratarse como amigos”.
Este pago era bajo la premisa del aseguramiento de que “este cumplía la función de avisar oportunamente en el caso de que se realizara operativos de ahí que habría existido un operativo Fallido en fecha 29 de julio de 2023”.
No hay pedido de extradición de Mariaca
El Canciller Héctor Huanca informó este domingo que no existe ningún pedido de extradición en el caso del exfiscal general Roger Mariaca.
“Sobre algún tema de extradición, en su momento, si es que así llega esta petición a la Cancillería, serán ustedes los primeros a quienes vamos a informar, a través de estos medios, sobre la situación de cada pedido que pueda existir; pero, por el momento, no tenemos ninguna solicitud”, aseguró el canciller ante la consulta sobre si llegó algún pedido de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.
La consulta se da después de que, el pasado lunes 28 de septiembre, el Gobierno de EEUU restringiera la visa al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien vinculó con “actos de corrupción significativa” relacionados con la protección al narcotráfico. La misma medida se aplicó a otros ciudadanos bolivianos, entre funcionarios y exfuncionarios.
Sobre la existencia de una segunda lista de bolivianos con revocatoria de visas, Huanca dijo que la Cancillería desconoce esa situación. Además, la autoridad señaló que desde el Legislativo se solicitó anteriormente información sobre la emisión de las visas.
Agencias