Pese a que policías y militares despejaron varias vías de acceso a la ciudad de La Paz y El Alto, durante la madrugada de este sábado, en la mañana algunos han sido retomados por los bloqueadores; lo que ha provocado enfrentamientos entre los efectivos y los manifestantes.


El operativo de desbloqueo denominado «Corredor Humanitario» ha sido ejecutado desde las 02:00 de la madrugada, se han registrado al menos 13 personas arrestadas (según reporte preliminar), además de haber encontrado varias motocicletas y vehículos abandonados.
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En una primera instancia se había logrado despejar gran parte de las vías de acceso tomadas; sin embargo, en determinados puntos como en la zona sur de la ciudad de La Paz, los bloqueadores se reorganizaron y tomaron, cerca de las 8:00, otra vez las avenidas. Es debido a ello que la Policía ha vuelto a intervenir y ahora los enfrenta.
De acuerdo con el reporte preliminar, se observó a manifestantes trepados en los cerros, desde donde atacan a los efectivos policiales con piedras. Mientras que los uniformados responden con agentes químicos, para garantizar la transitabilidad en la zona.
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Antecedentes
El viernes, la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió, en parte, la tutela de acción popular presentada y ordenó a todos los movimientos sociales levantar los bloqueos de carreteras y accesos que impiden el paso de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
El recurso fue presentado por el exdiputado Amilcar Barral, en calidad de accionante, en contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el senador Nilton Condori, y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
“La justicia está ordenando a todos los movimientos sociales que levanten sus bloqueos, ya que impedir el paso de alimentos y medicamentos es ilegal e inconstitucional”, afirmó Barral.
Según la resolución, se instruyó también al Gobierno a implementar los mecanismos necesarios para levantar los bloqueos de manera pacífica mediante el diálogo. En caso de que las medidas de presión persistan, las personas responsables deberán ser individualizadas y procesadas por el Ministerio Público.
El Deber