La planta cementera de Chiutara (Potosí) de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), concebida como uno de los mayores proyectos industriales estatales, continúa bajo una exhaustiva revisión integral que no solo busca esclarecer fallas técnicas y administrativas, sino también determinar responsabilidades de anteriores autoridades, entre ellas Patricia Ballivián, ex ministra de Desarrollo Productivo en la gestión de Evo Morales, que se encuentra bajo investigación fiscal por presuntas irregularidades en la ubicación de la factoría.
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) confirmó que continúa una evaluación técnica, administrativa y legal de toda la implementación de la planta, inaugurada en noviembre de 2023 durante el gobierno de Luis Arce, pese a que todavía arrastraba limitaciones estructurales clave para operar plenamente, informó el gerente general del Sedem, Roberto Justiniano Justiniano.
La infraestructura fue presentada entonces como una apuesta estratégica para producir más de 1.3 millones de toneladas anuales de cemento y dinamizar la economía regional, con una inversión superior a Bs 2.100 millones.
“El objetivo es tener claridad sobre lo que ocurrió, asumir las acciones que correspondan y garantizar que esta infraestructura cumpla el rol productivo para el que fue creada”, señaló el gerente del Sedem.
Uno de los aspectos más cuestionados fue la revelación, en diciembre de 2025, de que la planta carecía de un ducto de gas operativo, pese a que ese componente era esencial para su funcionamiento industrial.
El dato encendió dudas sobre las condiciones reales en las que fue inaugurada y sobre la viabilidad efectiva del proyecto en esa etapa.
Las observaciones también alcanzan a la provisión de insumos, contratos para explotación de piedra caliza y otros componentes fundamentales que debían garantizar la puesta en marcha.
Aunque en 2023 se reportaba más del 92% de avance físico, durante 2024 persistieron dificultades para iniciar producción sostenida.
La crisis escaló en enero de 2026, cuando el Sedem denunció la toma ilegal de instalaciones por parte de ex trabajadores y alertó sobre posibles irregularidades en contrataciones y decisiones asumidas cuando la planta aún no estaba en condiciones óptimas.
En paralelo, la Fiscalía sigue la investigación por la construcción del complejo, enfocándose en decisiones tomadas durante etapas iniciales del proyecto, particularmente en la gestión de Ballivián. Las pesquisas están en fase de evaluación de indicios y no se descarta ampliar responsabilidades conforme avancen las pericias.
Justiniano aseguró que el proceso apunta a establecer qué ocurrió en cada fase del proyecto, activar acciones administrativas o legales cuando corresponda y garantizar que la infraestructura pueda finalmente cumplir el rol productivo para el que fue creada.
El Deber