Senadores y diputados de distintas bancadas alcanzaron este jueves un primer acuerdo legislativo para impulsar de manera conjunta la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), con una ruta de tres fases que contempla su tratamiento en ambas cámaras y que podría concluir en un referéndum constitucional.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila (PDC), y el diputado de Unidad Carlos Alarcón, quienes presentaron formalmente el proyecto de ley durante una conferencia de prensa junto a los senadores José Roca, Paola López y María Alcón, y el diputado Alejandro Reyes.
“Hemos alcanzado un acuerdo, un compromiso entre las distintas bancadas para impulsar el proceso de la reforma constitucional”, afirmó Ávila, quien remarcó la voluntad de encontrar “el procedimiento más rápido” para encarar cambios vinculados con la justicia, el modelo económico, las autonomías y la relación entre los órganos del Estado.
La propuesta plantea una ruta de tres fases. El tratamiento arrancará en el Senado, cámara que, según explicó Alarcón, concentra la representación territorial de los nueve departamentos y, por tanto, resulta clave para discutir la redistribución de competencias autonómicas con los gobernadores. “¿Por qué la Cámara de Senadores? Porque uno de los temas que, en coordinación con los gobernadores también se lo va a ver, es las competencias autonómicas, y el Senado es la Cámara más representativa de los ciudadanos que residen en cada uno de los nueve departamentos”, señaló.
Una vez que el Senado se pronuncie, el proyecto pasará a Diputados y luego deberá ser considerado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde requerirá el respaldo de dos tercios de los asambleístas presentes. La última fase corresponde a la consulta ciudadana. “El tercer paso, que es el paso decisivo, la tercera fase, la convocatoria al referéndum, para que después de haber aprobado esta ley en el Pleno de la Asamblea, en los próximos cuatro meses, se pueda llevar adelante el referéndum, donde los ciudadanos dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con la reforma”, explicó Alarcón.
El proyecto se sustenta en el parágrafo II del artículo 411 de la Constitución y plantea la “desconstitucionalización” de 30 artículos referidos a la elección de magistrados, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, las inversiones, los recursos naturales, los hidrocarburos, la minería, el agua y la energía, de manera que puedan regularse mediante leyes cualificadas de dos tercios. Entre sus objetivos figura eliminar la elección por voto popular de las máximas autoridades judiciales y sustituirla por un mecanismo basado en méritos, además de prohibir la expropiación, nacionalización o reversión de inversiones nacionales y extranjeras.
La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado.
Al respecto, el vicepresidente Edmand Lara sostuvo que cualquier reforma constitucional debe ser socializada con la población y que respetará lo que decida la ciudadanía en un eventual referendo. “Si el pueblo dice sí a la reforma a la Constitución, habrá reforma a la Constitución. Y si el pueblo dice no, no se toca nada de la Constitución”, declaró.
Desde la bancada de Libre, por otra parte, señalaron que no pondrán condiciones al Gobierno para entablar un encuentro, luego de que el presidente Rodrigo Paz propusiera un acuerdo político para impulsar las reformas a la CPE y aprobar las leyes estructurales. “Solamente le pedimos que ponga las cosas en serio, que presente un plan estratégico y que sea de cara al pueblo boliviano”, afirmó el diputado de Libre, Rodrigo Antonio.
Jefes de bancada acuerdan agenda con prioridad en judiciales
El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, y los jefes de bancada de las distintas fuerzas políticas acordaron este jueves una agenda de cinco puntos, en la que destaca el tratamiento prioritario de la convocatoria para las elecciones judiciales complementarias.
Según informó la Vicepresidencia del Estado tras la reunión en su sede, las autoridades determinaron remitir una nota a la Cámara de Diputados para tratar con urgencia la Ley Excepcional de Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, las fuerzas parlamentarias coordinaron y reprogramaron las interpelaciones a los ministros de Educación, Gobierno, Economía y Presidencia.
El acuerdo contempla también dar celeridad al proyecto de ley de elección de ternas para entidades públicas, tramitar en Diputados el Día Nacional de la Constitución Política del Estado y convocar a los presidentes camarales a una reunión conjunta para definir la labor legislativa.
Correo Del Sur