Ante la continuidad de los bloqueos en el país, unos se presentan ante la justicia constitucional para que se aplique la Ley de Estados de Excepción y otros, en cambio, para cuestionarla. Mientras la organización religiosa Iglesias Evangélicas Unidas presentó una acción popular que obligue al presidente Rodrigo Paz a decretar Estado de excepción para despejar las carreteras, el diputado Rolando Pacheco (Alianza Popular) solicitó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se declaren inconstitucionales algunos artículos de la Ley 1740.
El presidente de Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que este martes presentaron dicha acción para que Paz decrete el Estado de excepción por conmoción interna. “Ayer (por el lunes) lo que se ha hecho solamente es promulgar la ley. Ahora estamos obligándole, mediante esta Acción Popular, al Presidente, a nuevamente sacar un decreto en el que tiene que establecerse con precisión dónde se va a aplicar este Estado de excepción; o sea, si va a ser en el departamento de La Paz, Cochabamba…”, detalló.
Según Aruquipa, quienes están cometiendo delitos deberían tener miedo del Estado de excepción. Sin embargo, aseguró que se respetarán sus derechos. También denunció que, en este contexto, hay pastores evangélicos que han sido amenazados en regiones como el Chapare y San Julián, debido a su pedido de que se intervengan las medidas de presión.
Esta acción de la organización religiosa surge cuando se cumplen más de 40 días de un conflicto que ha afectado el abastecimiento de productos alimenticios y medicinales, particularmente, en La Paz.
RECURSO
El diputado opositor Rolando Pacheco presentó el mismo lunes, también en el TCP, una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) contra la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción. Allí solicita que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de la norma, al considerar que podrían contravenir la Constitución Política del Estado e incluso ser utilizados para vulnerar derechos fundamentales.
Entre los puntos observados, el legislador cuestiona el artículo 25, que autoriza el uso excepcional de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas para neutralizar riesgos graves e inminentes, así como el artículo 26, que establece la presunción de legalidad en las actuaciones de estos efectivos durante un Estado de excepción.
Este recurso se suma a una primera AIA ya admitida contra la Ley 1732, que abrogó una normativa anterior sobre estados de excepción. Esa acción fue presentada por el Defensor del Pueblo y actualmente se encuentra en trámite dentro del TCP, a la espera de avanzar a la fase de sorteo de magistrado relator.
PRIORIDAD
El magistrado del TCP Ángel Edson Dávalos anunció la semana pasada el tratamiento prioritario de la AIA sobre la Ley de Estados de Excepción que fue presentada por el Defensor del Pueblo.
Fiscal Mariaca aclara el rol de la Fiscalía
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que el Ministerio Público no tiene atribuciones para desbloquear caminos ni para asumir funciones operativas en el marco de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción. Señaló que la institución bajo su mando actuará dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la Ley 260 del Ministerio Público.
“No tenemos la tuición de ir por todo el país yendo a desbloquear, yendo a hacer el trabajo que hace la Policía, porque también no tenemos la seguridad (…). No vamos a actuar al calor político del día o del año, vamos a actuar como manda la Constitución Política del Estado y como manda la Ley 260”, respondió Mariaca al ser consultado sobre el rol de la Fiscalía tras la promulgación de la nueva norma.
Explicó que, aunque la ley menciona la participación del Ministerio Público junto a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante un Estado de excepción, la función fiscal continúa siendo la dirección funcional de las investigaciones y no la ejecución de operativos de control o desbloqueo.
Correo Del Sur