El Gobierno de Bolivia y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) firmaron un memorándum para impulsar un mecanismo de financiamiento de largo plazo destinado a la conservación de 28 áreas protegidas. El acuerdo fue suscrito en La Paz.
La iniciativa contempla 24 áreas protegidas nacionales y cuatro de la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae. Ambas partes buscarán desarrollar un Programa de Financiamiento para la Permanencia (PFP), con participación de cooperantes y aliados estratégicos, para sostener la gestión ambiental más allá de los presupuestos anuales.
El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, defendió la necesidad de vincular la protección forestal con la economía de las comunidades. «Bosque que no genera economía para las familias que viven, que preservan y quienes ancestralmente han estado ahí, es bosque que está destinado lastimosamente a perderse, a tumbarse y a talarse», afirmó.
En ese contexto, destacó la iniciativa REDD+ jurisdiccional impulsada por Charagua Iyambae, que busca articular la gobernanza indígena, la reducción de la deforestación y los incendios forestales con oportunidades económicas. También mencionó el Fondo de Bosques Tropicales promovido por Brasil.
Cooperación y recursos
El presidente y CEO de WWF Estados Unidos, Carter Roberts, aseguró que la organización pondrá a disposición su experiencia internacional y buscará movilizar apoyo financiero mediante sus redes de cooperación. «Vamos a duplicar el esfuerzo para seguir apoyando la agenda que ha explicado el ministro Justiniano con nuestros recursos humanos, pero también con recursos financieros a los que tenemos acceso», sostuvo.
Roberts explicó que el acercamiento entre ambas partes se construyó mediante encuentros en Brasil y Nueva York. El mecanismo propuesto ya fue aplicado en otros países y busca fortalecer las instituciones ambientales.
El memorándum fue firmado por Justiniano, Roberts y Sergio Criales, representante de WWF en Bolivia. Por ahora, el desafío será transformar esa cooperación en compromisos financieros concretos y establecer cómo llegarán los recursos a los territorios y a las familias que cuidan los bosques. La propuesta busca reducir la dependencia de presupuestos anuales y sostener la protección ambiental en todo el país.
El Deber