La diputada Patricia Patiño reveló que varios legisladores enviaron notas a organismos de derechos humanos y entidades internacionales de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Naciones Unidas para solicitar la presencia de veedores en Bolivia en medio del conflicto que atraviesa el país.
«Muchos diputados emitimos una nota a derechos humanos a nivel internacional a diferentes países, entre ellos Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, incluso Naciones Unidas. (…) Ya se comunicó Chile conmigo, ya estamos en contacto con alguna gente del Brasil”, señaló Patiño en La Tarde en Directo de ERBOL, quien indicó que, una vez se confirme la presencia de las delegaciones, los medios serán informados de manera inmediata.
La legisladora explicó que las invitaciones también fueron remitidas a organismos de Argentina, Paraguay, Perú y Naciones Unidas. Según dijo, el objetivo es fiscalizar el destino de la ayuda humanitaria que habría llegado al país y verificar posibles vulneraciones de derechos humanos.
Patiño sostuvo que existe preocupación por la falta de información sobre la distribución de esa asistencia y defendió que la fiscalización es parte de las atribuciones de los parlamentarios. Además, rechazó las críticas de legisladores que cuestionaron la convocatoria a observadores internacionales.
Las declaraciones se producen después de que las autoridades bolivianas impidieran el ingreso y dispusieran la salida de una delegación argentina integrada por políticos y activistas de izquierda que pretendía verificar la situación de los derechos humanos en Bolivia.
El Gobierno argumentó incumplimiento de requisitos migratorios e inconsistencias entre el motivo declarado para su ingreso y las actividades que anunciaron públicamente, mientras que los visitantes denunciaron que buscaban conformar una misión de observación y que se intentó impedir su trabajo.
Sobre este caso, el canciller Fernando Aramayo cuestionó la participación de actores extranjeros en tareas de fiscalización y calificó estas acciones como una “injerencia” en asuntos internos del país.
Además, sostuvo que la fiscalización corresponde a la Asamblea Legislativa y que cualquier misión internacional debe cumplir los canales diplomáticos y las acreditaciones establecidas por la normativa boliviana
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