La discusión sobre la ampliación del Estado de excepción en el país plantea un dilema ya que la normativa vigente prohíbe iniciar el trámite de una reforma parcial a la Constitución Política del Estado mientras se encuentre activo un Estado de excepción.
En este escenario, la eventual aprobación de una nueva ampliación obligará a suspender de el tratamiento de los proyectos de modificación constitucional impulsados por bancadas como Libre y Unidad Nacional.
El líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, advirtió que extender esta medida por tres meses adicionales implicaría sumar un nuevo retraso a los diez meses ya perdidos sin avanzar en los cambios constitucionales indispensables.
Quiroga calificó al Estado de excepción —cuya vigencia concluye este 20 de septiembre— como un instrumento inefectivo y de carácter meramente enunciativo, enfatizando que la decisión final y la responsabilidad política recaen de forma exclusiva sobre el Órgano Ejecutivo.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz convocó a los principales actores políticos, entre ellos Quiroga y Samuel Doria Medina, a sumar esfuerzos para viabilizar cuatro asuntos considerados urgentes como las leyes estructurales, reformas constitucionales, el sistema 50-50 y el futuro de la subvención a los combustibles.
En el ámbito parlamentario, el diputado Marcelo Solís explicó a Correo del Sur Radio que el decreto presidencial emitido debe ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate, requiriendo la aprobación por mayoría absoluta para consolidar la ampliación, conforme a la normativa reguladora de los estados de excepción.
No obstante, el legislador sostuvo que, antes de someter a voto una prórroga, el Ejecutivo debe presentar un informe detallado que evalúe el impacto y los resultados de los primeros 90 días de la medida.
Solís subrayó que la pacificación del país es un requisito para destrabar la agenda económica, donde figura el tratamiento prioritario de un crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La necesidad de alcanzar paz social responde a que la población no tolera la reactivación de conflictos sociales severos, tras haber sufrido previamente 53 días de bloqueos.
Correo Del Sur