Una nueva secuencia de asesinatos volvió a poner bajo presión la estrategia estatal contra el crimen organizado. Durante este último fin de semana y ayer hubo al menos seis muertes violentas. Anoche cerca de las 20:30, dos individuos armados, llegaron hasta un inmueble en San Ignacio de Velasco, ingresaron y acribillaron a dos hombres.
Después de la balacera, personal de la Policía y del Ministerio Público llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cadáveres e iniciar las primeras diligencias investigativas.
El fiscal general, Róger Mariaca, anunció una reunión con el Ministerio de Gobierno y el alto mando policial. “Ya se han activado todos los mecanismos”, afirmó. Las pesquisas buscan establecer responsabilidades de autores materiales e intelectuales.
La madrugada del domingo también fueron asesinados en la capital velasquina Rodrigo Oliveira Zeballos, de 36 años, y Gabriel Posiabo Fernández, de 22, en viviendas distintas. La Policía informó que ambos casos pueden estar ligados a actividades ilícitas. Además, un hombre fue asesinado en Villa Magdalena, Trinidad.
En Cobija murió Matheus Campanerutti Pinheiro, brasileño señalado como integrante del Comando Vermelho y prófugo de su país. Fue localizado el viernes 11 en Marapaní tras una denuncia por agresión contra una mujer. Durante el operativo abrió fuego contra policías, resultó herido y luego falleció por una falla multiorgánica y paro cardiaco. Una requisa halló diez paquetes con marihuana y cocaína, un arma y dos celulares. Ante la justicia de Bolivia enfrentaba tres procesos y en Brasil era buscado tras escapar de una cárcel de Acre.
Pero la ola violenta data de hace varios meses. Ante este escenario, el Gobierno puso en marcha Frontera Segura, una estrategia que fue lanzada en agosto tras una seguidilla de asesinatos cerca de Brasil. El plan combinó presencia policial, Inteligencia, y coordinación con autoridades brasileñas. En San Ignacio y San Matías fueron desplegados más de 300 policías.
Pero los homicidios continuaron. La asambleísta Natasha Castedo calificó el plan de “un mito” y aseguró que la situación en San Ignacio no cambió. María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, lo consideró insuficiente. El gobernador Juan Pablo Velasco pidió triplicar la presencia policial y reforzar Inteligencia. La autoridad demandó incluso la presencia militar, algo que ya está autorizado por efecto del estado de excepción que estará vigente por algunos meses más.
“¿Cuántos asesinatos ha habido en San Ignacio de Velasco?, ¿Cuántos asesinatos ha habido en la frontera entre Brasil y Santa Cruz en un estado de excepción? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas muertes ha habido en los últimos 90 días?”, reclamó Velasco tras cuestionar la respuesta del Estado. En ese sentido afirmó que ya no se pueden normalizar estos sucesos.
El cuestionamiento coincide con un diagnóstico de la Fundación Milenio. El estudio sostiene que Bolivia dejó de ser solo territorio de tránsito de drogas y se consolidó también como espacio de producción, acopio y exportación de cocaína. Milenio describe redes descentralizadas donde operan clanes locales junto con “agregadores internacionales”, entre ellos el PCC y el Comando Vermelho. Más que cárteles verticales, serían alianzas flexibles que articulan producción, logística, protección y salida de droga. También advierte sobre “zonas de penumbra”, donde actividades legales e ilegales conviven y la fragilidad institucional facilita la expansión criminal.
El Deber