La aprehensión de Róger Mariaca deja preguntas que los anuncios políticos todavía no resuelven: ¿sigue siendo fiscal general?, ¿qué procedimiento corresponde para investigarlo?, ¿qué autoridad tiene competencia y qué fundamentos respaldan su detención?
En una entrevista con Influyentes, de EL DEBER, el constitucionalista Óscar Barrientos explicó que la gravedad de las acusaciones exige una investigación rigurosa, con actuaciones transparentes y respeto a las normas. Su análisis distingue la responsabilidad penal que debe establecerse en el proceso de los efectos jurídicos de la aprehensión sobre la conducción del Ministerio Público.
Barrientos sostiene que los presuntos hechos cometidos en el ejercicio de las funciones de fiscal general deben tramitarse mediante el régimen especial de la Ley 044, modificada por la Ley 612. También señala que los documentos del proceso son indispensables para evaluar la legalidad de las medidas adoptadas.
¿La aprehensión de Mariaca significa que dejó de ser fiscal general?
Lo primero es separar la discusión política de la discusión jurídica. No corresponde determinar desde una entrevista si el fiscal general cometió o no los delitos que se le atribuyen. Eso debe establecerse mediante una investigación y un proceso con plenas garantías, respetando a la autoridad competente.
Una aprehensión no equivale a una condena. Una persona aprehendida todavía no es culpable. La aprehensión es una medida inicial dentro de una investigación y únicamente puede aplicarse cuando se cumplen los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes. Por eso, técnicamente hablando, el fiscal general sigue siendo la máxima autoridad del Ministerio Público en este momento.
El Ejecutivo informó que Mariaca fue aprehendido junto con otras personas y anunció investigaciones por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Pero una denuncia o una acusación pública en una conferencia de prensa no sustituye una imputación formal ni una sentencia judicial.
La responsabilidad debe demostrarse dentro de un proceso. El anuncio gubernamental, por grave que sea su contenido, no permite dar por establecida la culpabilidad ni reemplaza los procedimientos que correspondan para modificar la situación jurídica de una alta autoridad.
¿Qué instancia debe investigar los presuntos hechos cometidos en el ejercicio del cargo de fiscal general?
La situación del fiscal general tiene un régimen especial. La Ley 044, modificada por la Ley 612, establece un procedimiento para determinadas altas autoridades cuando los hechos atribuidos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Eso no significa que el fiscal general sea intocable o tenga impunidad. Significa que, si se le atribuyen hechos vinculados con su función pública, existe un procedimiento previamente establecido que debe respetarse. Los antecedentes deben remitirse a la Cámara de Diputados y la etapa preparatoria debe desarrollarse dentro de ese régimen, con intervención de los órganos legislativos encargados de investigar y controlar el cumplimiento de las garantías.
La aprobación de la acusación puede producir la suspensión temporal del ejercicio del cargo. Posteriormente, el Senado actúa como instancia de juzgamiento. Una resolución sancionatoria puede disponer la destitución definitiva y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para ejercer la acción penal correspondiente.
La lógica del sistema es que primero se determine la responsabilidad por hechos cometidos en el ejercicio del cargo mediante el procedimiento especial y después, si corresponde, se active la persecución penal ordinaria. Mi observación es que se estaría iniciando el procedimiento al revés.
El ministro de Gobierno sostiene que las conductas investigadas comenzaron cuando Mariaca era fiscal departamental y que se trata de delitos continuados. ¿Cómo debe examinarse ese argumento?
He escuchado algunas de las explicaciones del Gobierno. Lo primero que debe quedar claro es que la gravedad de una acusación no autoriza automáticamente una detención. La Constitución protege la libertad personal y establece que nadie puede ser privado de ella fuera de los casos y las formas previstos por la ley.
No basta con afirmar que un delito es grave, continuado o permanente. El Código de Procedimiento Penal exige requisitos concretos para una aprehensión. Cuando no existe flagrancia, deben justificarse, entre otros aspectos, los indicios de que la persona es autora o partícipe de un delito y las razones por las que la medida resulta necesaria.
La autoridad que ordena la aprehensión debe explicar los riesgos que invoca: por qué esa persona podría fugarse, interferir en la investigación o por qué corresponde privarla de libertad. Tiene que existir una resolución motivada. Si se sostiene que hubo flagrancia, también debe demostrarse la relación temporal directa con el hecho.
La recolección de dinero u otros elementos debe investigarse. No estoy diciendo que se deje de sancionar al crimen organizado si está incrustado en las instituciones. Lo que señalo es que debe hacerse respetando las garantías y las normas. Si los hechos atribuidos corresponden al ejercicio de las funciones de fiscal general, mi interpretación es que la vía aplicable es el juicio de responsabilidades.
En su respuesta, Barrientos no desarrolla cómo debería resolverse una investigación que abarque presuntos hechos de la etapa de fiscal departamental y de la gestión como fiscal general. La delimitación de las conductas, las fechas y las funciones sigue siendo una cuestión central del debate.
¿Qué información permitiría evaluar si la aprehensión respetó el procedimiento legal?
Con la escasa información oficial disponible, podemos examinar si la actuación respetó la Constitución, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Juzgamiento de Altas Autoridades y los tratados internacionales de derechos humanos. Para hacerlo, se necesitan los documentos que sustentan las decisiones.
Deben conocerse la resolución u orden de aprehensión, el acta policial, la imputación formal y los elementos de convicción. Esos antecedentes permiten identificar qué hechos se investigan, qué indicios existen, quién ordenó la medida y cómo justificó su competencia.
También hay interrogantes previas: ¿hubo una denuncia?, ¿existe una investigación formal?, ¿la Cámara de Diputados recibió antecedentes como exige el régimen especial cuando se trata de hechos funcionales?, ¿la orden escrita explicó las razones concretas de la aprehensión?
Una acusación pública no sustituye esos documentos. La transparencia permite evaluar la actuación de las autoridades y conocer si las medidas se adoptaron conforme a las reglas. En este momento, el caso deja más preguntas que certezas.
Que una resolución no sea conocida públicamente no demuestra que no exista. Las observaciones del especialista se basan en la información disponible al momento de la entrevista.
¿Respetar el procedimiento especial puede convertirse en un obstáculo para investigar o sancionar a Mariaca?
El régimen especial no significa impunidad. Si se demuestra que existió una organización criminal dentro de las instituciones, sus integrantes deben ser investigados y sancionados, sin importar el cargo que ocupen. Pero esa investigación debe respetar las reglas básicas del debido proceso.
No se puede combatir la ilegalidad mediante procedimientos ilegales, porque eso reproduce el problema. La actuación del Estado debe esclarecer los hechos y determinar responsabilidades mediante las instancias competentes.
El debate debe concentrarse en cómo investigar conforme a la Constitución y las leyes. Respetar las garantías no elimina la responsabilidad de quien haya cometido un delito; permite que esa responsabilidad sea establecida mediante un procedimiento legítimo.
La condición de alta autoridad obliga a observar las reglas previstas para su juzgamiento. Cumplirlas es parte de la tarea de recuperar la institucionalidad y asegurar que las decisiones respondan a pruebas y normas.
El Deber