El senador suplente Nilton Condori fue enviado el lunes, con detención preventiva de seis meses, al penal de San Pedro, en La Paz, donde pasó su primera noche de reclusión.
El legislador está imputado por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, en una investigación abierta por los bloqueos de 53 días registrados en 2026 que también incluye al expresidente Evo Morales y a los dirigentes Román Gutiérrez y Rosario Vargas.
La Fiscalía sostiene que Condori podría influir en los otros denunciados si permanece libre y que existe riesgo de fuga.
El abogado Alan Fernández confirmó que el juez dispuso la reclusión del legislador, cuyo traslado se ejecutó inmediatamente después de la audiencia cautelar. La defensa cuestionó la decisión y apeló, al considerar que la medida vulnera las garantías constitucionales de su cliente.
El abogado defensor invocó el artículo 152 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece restricciones a la detención preventiva de representantes electos, salvo en casos de flagrancia. Según la defensa, los hechos investigados corresponden a septiembre y no se configuraría esa excepción. La Fiscalía, que había solicitado su traslado al penal de Chonchocoro, argumentó que Condori fue suspendido sin goce de haberes por el Senado el 12 de agosto de 2026 y no puede acreditar una actividad laboral.
Apoyan la medida
El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la protección parlamentaria no alcanza a delitos que no estén vinculados al ejercicio de las funciones legislativas. Señaló que la inviolabilidad por opiniones y actos de fiscalización es distinta de la inmunidad frente a procesos por delitos comunes y consideró que las acusaciones contra Condori no estarían amparadas por ese régimen.
En la misma línea, los diputados Rafael López, de Libre, y Ricardo Rada, del PDC, respaldaron la decisión judicial. Ambos afirmaron que el fuero parlamentario no protege delitos comunes y que las declaraciones atribuidas al senador deben ser investigarse.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, también respaldó la medida y recordó que durante los bloqueos se exigía que los responsables de los hechos violentos respondieran ante la Justicia.
Entre los actos pendientes, la Fiscalía incluyó las declaraciones informativas de Evo Morales, Gutiérrez y Vargas, además de la recolección de material documental y audiovisual de Radio Kawsachun Coca, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la dirección nacional del partido Evo Pueblo.
El Deber