“Llevan droga y les pagan con autos”. Con esa frase, el gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas, describió este martes una modalidad con la que, según denunció, organizaciones del narcotráfico y otros delitos convierten los vehículos en medio de pago y utilizan ciertas autoventas para introducir dinero ilícito en el circuito comercial. La advertencia surgió tras el secuestro de 43 motorizados en dos autoventas de Santa Cruz vinculadas a las pesquisas del caso Róger Mariaca.
Ante periodistas, en inmediaciones de la Fiscalía de Santa Cruz, Encinas dijo que los automóviles se han convertido en una “moneda” para operaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y personas. “Estoy hablando de delitos de lavado de dinero que viene del origen del narcotráfico, viene tráfico de armas, tráfico de personas”, sostuvo, y pidió que las autoridades examinen la procedencia de los capitales que circulan en el mercado automotriz.
El ejecutivo distinguió entre los llamados autos “chutos”, ingresados de contrabando, y los “grises”, vehículos comercializados por operadores sin representación directa del fabricante. Aseguró que, en determinados casos, estos últimos ingresan con valores subfacturados y terminan en negocios que, según su denuncia, permiten blanquear recursos. Pidió una fiscalización más rigurosa.
“Los autos chutos que han entrado son producto de todo este tipo de negocios”, señaló. Sobre los importadores grises, advirtió que algunos adquieren unidades en terceros países y las trasladan mediante la Zona Franca de Iquique. Según su explicación, reemplazan la factura original del fabricante por una de reexpedición, susceptible de consignar un precio menor y reducir los tributos pagados al ingresar al país.
Encinas denunció otra práctica: hacer figurar al comprador final como importador del motorizado. De esa forma, sostuvo, determinadas empresas evitarían facturar la venta local y pagar los impuestos correspondientes. “No dan factura y obviamente no hay la garantía que tienen que dar”, observó. Añadió que esta modalidad también puede dejar al cliente expuesto a posteriores revisiones aduaneras y sin respaldo de posventa.
El dirigente dijo que su institución alertó sobre estas irregularidades a la Aduana, al Ministerio de Economía y a instancias tributarias. Cuestionó además la Resolución Ministerial 064 de 2022, que atribuyó a la gestión del exministro Édgar Montaño, porque, según su interpretación, flexibilizó requisitos de importación y abrió espacio a operadores no tradicionales. Las autoridades deben establecer si esas observaciones tienen relación con algún delito.
La declaración se produce tras los allanamientos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía en dos autoventas cruceñas. En la primera, situada en el cuarto anillo y radial 27, se secuestraron 13 vehículos, equipos de grabación y celulares. En la segunda, sobre la avenida 2 de Agosto, fueron intervenidos otros 30 motorizados, ocho de ellos precintados, además de documentos. Entre las marcas mencionadas figuran Porsche, BMW y Lexus.
Los operativos forman parte de la investigación contra Mariaca, detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, Potosí, por presuntos delitos relacionados con corrupción y protección al narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que las diligencias buscan establecer el funcionamiento de una supuesta estructura criminal que habría operado desde el Ministerio Público.
El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, aclaró que el secuestro de los 43 vehículos no demuestra por sí mismo una conexión delictiva: “La investigación va a determinar su vinculación o no con el caso”. Informó que hubo personas citadas a declarar, pero no aprehendidos en esas intervenciones.
La defensa del propietario de los dos negocios, representada por el abogado Silvestre Ibáñez, negó que se hubiera encontrado documentación que relacione las autoventas con Mariaca. Anunció que solicitará la devolución de los vehículos después de las declaraciones convocadas por la Fiscalía.
Encinas, por su parte, aseguró que esas autoventas no pertenecen a la CAB, que reúne a representantes oficiales de marcas. Su llamado fue a revisar la trazabilidad de compras, importaciones y pagos, y a controlar negocios que, a su juicio, dañan al consumidor, al fisco y a la competencia formal. “Es una alerta para todas las autoridades que echen un poquito el ojo”, insistió.
El Deber